El 15 de enero de 2007 Rafael Correa Delgado, apoyado por un amplio consenso de sectores de izquierda, indígenas, ecologistas y progresistas del Ecuador, llegó al poder. Su promesa de cambio se apuntaló en la convocatoria a una Asamblea Constituyente que daría vida a una constitución nunca antes vista en la historia del país: derechos de pueblos ancestrales reafirmados, derechos de la naturaleza reconocidos por primera vez, derecho al agua, a la vida y a la tierra como elementos fundamentales de la vida comunitaria.

Fotografía: Patricio Realpe/ChakanaNews

Sin embargo, poco a poco los hechos se fueron separando de las palabras, y como en un colador, fueron quedando en el gobierno quienes representan al viejo modelo de país: extractivo, oligárquico, conservador, corrupto, pobre, y autoritario. Queda, después de una década, un país endeudado, en recesión económica, polarizado políticamente y socialmente vulnerable.

Uno de los primeros en irse fue el movimiento indígena, quienes no solo tuvieron su propio candidato en las elecciones de 2006, sino que se sintieron traicionados por el escaso diálogo durante la Asamblea Constituyente. De hecho, de las filas del propio partido de Correa, durante la redacción de la nueva constitución, se alejó una de las figuras importantes: Alberto Acosta. Inmediatamente después, sectores ecologistas tomaron distancia al observar las contradicciones del texto constitucional tanto en materia de extracción minera y petrolera, como en el uso de transgénicos.

En el 2011, luego del referéndum sobre la reforma judicial y otros nueve temas, perdió a los jóvenes progresistas de Ruptura de los 25. Ellos tenían escaños en la Asamblea Nacional y formaban parte de algunos ministerios. Más adelante, para las elecciones generales de 2013 y seccionales de 2014, sus exministros formaban partidos políticos propios, como el caso de Ramiro González y su partido Avanza. Al final de una década quedan apuntalados en sus filas los sectores más favorables a la modernización capitalista del estado con base en la explotación de recursos naturales y el libre comercio.

En cuanto a conflictos políticos la década fue turbulenta. Empezando por el incidente de Angostura, donde los militares colombianos abatieron a alias ‘Raúl Reyes’ en territorio ecuatoriano. Estuvieron en juego las relaciones diplomáticas con Colombia e incluso se habló de información sobre el financiamiento de la campaña electoral de Correa por parte de las FARC. Casa adentro, el 30 de septiembre de 2010, Correa enfrentó un levantamiento policial que decantó en la mayor crisis política del régimen. De esas horas, queda evidenciado el pésimo manejo político de una crisis que tiene Correa (el primer mandatario del país rasgándose la camisa para pelear “de tú a tú” con la tropa insurrecta), y la siempre útil acusación de ser víctima de un golpe de estado para las cámaras internacionales, con acusación a la CIA incluida.

Sin embargo, vendrían más conflictos que terminaron de desenmascarar la verdadera dirección hacia la que iba el país. En 2013, después de echar la culpa al mundo por no colaborar, el presidente decide que la explotación del Parque Nacional Yasuní era inevitable. Acto seguido, millares de jóvenes desilusionados salen a las calles a marchar para que el lugar se mantenga intacto y el petróleo bajo tierra. Ninguno de los argumentos usuales funcionó contra ellos: no eran de la “partidocracia”, no eran violentos, no eran corruptos, no eran pagados, no eran de la CIA. La batalla moral estaba perdida y fue inevitable recurrir a la fuerza. Fue uno de los primeros reveses que sufría el gobierno en las calles y marcó el inicio de más movilizaciones sociales que solo se vieron opacadas por la visita del Papa, la erupción del volcán Cotopaxi y el terremoto en la costa del país.

Fotografía: Patricio Realpe/ChakanaNews

Finalmente, en lo económico solo basta decir que, después de una década con el petróleo a más de 100 dólares por barril, ningún gobierno tuvo más recursos disponibles en toda la historia del Ecuador. El saldo es una deuda de casi 9 mil millones de dólares con China, sumada a una deuda pública de casi 3 mil millones.

El desgaste del gobierno en diez años es notorio, y la negativa de Correa a participar en las elecciones hace prever un escenario difícil para Alianza País. Es probable que, de haber segunda vuelta, la polarización política entre gobierno y oposición (instalada por el mismo gobierno durante diez años de campañas de desprestigio a opositores y una retórica de amigo-enemigo) termine jugando en contra al candidato oficialista. Más aun, al no tener una clara ventaja entre los votantes es esperable que el gobierno pierda la mayoría calificada en el congreso, que le permitió gobernar con holgura estos últimos cuatro años.

Después de una década, Rafael Correa y Alianza País, demuestran quienes son realmente (con alianzas neoliberales y conservadoras) y nos dejan un país que no ha cambiado en lo político (con gobierno en minoría y pugna de poderes) ni en lo económico (elevado endeudamiento y recesión económica).