MUJERES DE MASCARILLA Y DEL CHOTA Y SU REALIDAD

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Mujeres de Mascarilla y del Chota: “En el valle del Chota, en la Cuenca del Río Mira existen 38 comunidades donde habitamos alrededor de 40 mil a 50 mil negros. La actividad económica es la agricultura. Además existe una riqueza ancestral maravillosa donde las mujeres jugamos un rol muy importante no solo por ser mujeres sino por ser hijas, hermanas, tías, madres y amigas. Somos nosotras quienes en cada una de las comunidades en un 95% llevamos el sustento diario a nuestros hogares.

Amelia Acosta y Rosario Minda dos referentes de la comunidad afro ecuatoriana de mujeres de Mascarilla.
Amelia Acosta y Rosario Minda dos referentes de la comunidad afro ecuatoriana de mujeres de Mascarilla. ©Patricio Realpe/ChakanaNews

BETTY ACOSTA DESDE LA COMUNIDAD DE MAS-CARILLA

Las mujeres a lo largo del tiempo después de una lucha contra la discriminación y el machismo de los hombres contra las mujeres, más la lucha constante de nuestros ancestros y de seguir viviendo en una realidad clasista, racista, excluyente y con un alto índice de brechas de género seguimos comprometidas en esos ideales contra la lucha diaria, fortaleciéndonos y trabajando en distintos temas de educación en lo personal y por el bien común.

Todos los seres humanos nacimos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de la posibilidad de contribuir constructivamente al desarrollo para el bienestar de la sociedad. Toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa. Por ello hay que rechazarla junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de razas humanas separadas sabiendo que solo existe una sola raza, y esta es la raza humana.

Ha vivido oprimida por muchos años la mujer. Esto gracias a esa sociedad excluyente racista y opresora, que vivieron nuestros ancestros, quienes adoptaron esas ideas que por años nos negaron el derecho a la educación.

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Más aún por ser mujeres  nuestros padres se metieron en la mente que las mujeres. No podíamos estudiar porque éramos criadas para estar en la casa, casarnos, criar hijos, cocinar, lavar los platos, fregar la ropa, salir al campo a trabajar  y servir al marido. A muchas de nosotras nos negaron el derecho a la educación. Decían que solo los hombres tenían el derecho por ser hombres inteligentes. Ni siquiera podíamos relacionarnos, ni participar en otras actividades, como formar parte de las directivas de la comunidad porque no teníamos ni el poder ni la inteligencia para resolver o realizar ninguna actividad.

Berenice Lara es una de las artistas mujeres de Mascarilla de la “Asociación Artesanal GAEN”. Mascarilla es una de las 38 comunidades del Valle del Chota afro ecuatoriano, en la provincia de Carchi, en Ecuador.
Berenice Lara es una de las artistas mujeres de Mascarilla de la “Asociación Artesanal GAEN”. Mascarilla es una de las 38 comunidades del Valle del Chota afro ecuatoriano, en la provincia de Carchi, en Ecuador. ©Patricio Realpe/ChakanaNews

La lucha de la mujeres

Pasó el tiempo mientras las mujeres de Mascarilla luchábamos para conseguir que la sociedad nos permita entrar y participar en varios espacios. Era también constante nuestra lucha en el seno familiar con nuestros padres y abuelos. Luchábamos para quitarles esa idea machista que tenían y que dejen a las mujeres entrar al colegio y la universidad, a estudiar y poder tener una formación académica. Para llegar a tener una carrera, para seguir adelante luchando por nuestros derechos sin que nos discriminen.

Es muy difícil luchar contra el racismo y contra el machismo. Algo constituido a partir de una realidad también económica, política y culturalmente milenaria. Los recursos y los poderes se encontraban en manos de los hombres, logrando reafirmar según su ideología su superioridad sobre las mujeres. Pero hemos logrado seguir adelante a pesar de todos los obstáculos encontrados en el camino.

El valle del Chota, en la Cuenca del Rio Mira tiene 38 comunidades donde habitamos alrededor de 40 mil a 50 mil negros. La actividad económica es la agricultura. Existe una riqueza ancestral maravillosa donde las mujeres jugamos un rol muy importante, no solo por ser mujeres, sino por ser hijas, hermanas, tías, madres y amigas. Somos las mujeres quienes en cada una de las comunidades en un 95% llevamos el sustento diario a nuestros hogares.

Jovita Chalá es una de las artistas mujeres de Mascarilla de la “Asociación Artesanal GAEN”. Mascarilla es una de las 38 comunidades del Valle del Chota afro ecuatoriano, en la provincia de Carchi, en Ecuador.
Jovita Chalá es una de las artistas mujeres de Mascarilla de la “Asociación Artesanal GAEN”. Mascarilla es una de las 38 comunidades del Valle del Chota afro ecuatoriano, en la provincia de Carchi, en Ecuador. ©Patricio Realpe/ChakanaNews

Más-Carilla y la organización de la mujeres

En la comunidad de Más-Carilla desde hace 26 años las mujeres nos organizamos para trabajar bajo el pretexto de moldear el barro. Realizamos máscaras de arcilla y otros objetos artesanales. Esto nos permitió despertar el interés de capacitarnos y conocer nuestra identidad. La elaboración de las máscaras nos permite mantener viva nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras destrezas, nuestra lucha constante para salir adelante. En ellas reflejamos nuestros sentimientos. Esto nos ha  fortalecido para tomar la decisión de capacitarnos en varios temas y estudiar para de esta manera luchar contra las brechas de género que existían dentro de nuestra comunidad. La lucha no fue fácil, tampoco imposible. Esta lucha logro disminuir diría yo un 100% las brechas de género que nos oprimían desde hace décadas, generando espacios para las mujeres dentro de la sociedad .

Participar en varios espacios donde empezamos a tener voz y voto nos permitió la formación. También nos permitió trabajar por los niños y niñas, adolescentes jóvenes y adultos mayores, logrando así la integración la confianza e inclusión comunitaria.

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Logramos las mujeres de Mascarilla entrar a tomar decisiones en las actividades comunitarias. Por ejemplo formamos parte de las directivas de la comunidad. Osea que una mujer desempeñe el cargo de presidenta de la comunidad, quien es la líder y así poner en practica nuestras destrezas y habilidades como mujeres. Esto enfureció a los hombres machistas quienes fueron derrotados por las mujeres en las decisiones de la comunidad y en el círculo familiar demostrando que también que las mujeres somos capaces de formar desarrollo. Podemos también afirmar que nos ha permitido frenar también los embarazos precoces que eran muy altos en nuestra comunidad. Las mujeres en un 100 por ciento somos quienes nos preocupamos por nuestro bienestar familiar y por el bienestar común. Esas mujeres madres con un compromiso con un marido, o si somos madres solteras o jefes de hogar somos quienes salimos adelante sin importar nuestra condición.

Nosotras las mujeres negras aún somos discriminadas en varios espacios públicos y privados. No podemos ingresar a trabajar con esa confianza por el simple hecho de ser “de color” como nos llaman y peor aún si ya tienes la edad de entre los 40 a 50 años.

Wendy, Lisbeth y María Fernanda Landázuri Niñas afro del pueblo de Mascarrilla en el Valle de Chota en Ecuador. Mascarilla es una de las 38 comunidades del Valle del Chota afroecuatoriano, en la provincia de Carchi, en Ecuador.
Wendy, Lisbeth y María Fernanda Landázuri Niñas afro del pueblo de Mascarrilla en el Valle de Chota en Ecuador. Mascarilla es una de las 38 comunidades del Valle del Chota afroecuatoriano, en la provincia de Carchi, en Ecuador. ©Patricio Realpe/ChakanaNews

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Solo un 20% trabajan en estos espacios porque te piden experiencia. En lo personal he preguntado cómo quieren que una adquiera experiencia si no le dan esa oportunidad de entrar a trabajar y así demostrar las habilidades que una tiene. En mi comunidad las mujeres en un 30% somos profesionales. No todas contamos con un empleo digno,. Hay un 30% de empleadas domésticas mal pagadas con un sueldo muy bajo. Y un 40% amas de casa, mujeres que con mucho esfuerzo y dedicación sacamos adelante nuestros hogares sin esperar nada a cambio. Por otro lado, las mujeres negras no somos reconocidas por nuestra lucha y trabajo constante. Y ahora hablo de las autoridades locales y provinciales. No tenemos su apoyo ni cómo artistas ni cómo nada. Nosotras tenemos derechos que deben ser tomados en cuenta para seguir adelante.

La conjunción de la discriminación contra las mujeres es otra forma de opresión e intolerancia como el racismo. La discriminación étnica y por edad y homofóbica profundiza la violación de nuestros derechos humanos, de nosotras las mujeres, lo que atenta contra nuestros principios básicos de la democracia y nuestros estados laicos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad derechos y están dotados de la posibilidad de construir constructivamente al desarrollo y al bienestar de las sociedades y más aún si somos las mujeres.

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Toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa. También es moralmente condenable y socialmente injusta. Por ello la sociedad debe rechazarla. También debe rechazar la teoría qué trata de determinar la existencia de la raza humana separada, porque no existen otras razas. La raza es una sola, la que Dios creó. Así que; como decía mi abuelita todos tenemos una pisca de Ninga y de Mandinga.

Me considero una mujer luchadora por nuestros derechos, por nuestra reivindicación. Vengo de una familia humilde, pero de lucha. Las enseñanzas de mi abuelita y de muchas mujeres líderes son la riqueza y la herencia más bonita que puede una heredar.

Rocío Mindo, dueña de ultramarinos en la comunidad de Mascarilla.
Rocío Minda, dueña de ultramarinos en la comunidad de Mascarilla. ©Patricio Realpe/ChakanaNews
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PRESIDENTE LASSO, LA CONAIE Y EL ANARQUISMO

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Cuando el Presidente Lasso pretende que el presidente de la CONAIE termine con los huesos en la cárcel, hace presumir que quiere la muerte de Leónidas Iza y eso solo cabe en las épocas oscuras de la dictadura, a lo que los pueblos y nacionalidades nos oponemos y denunciamos.

MADRID, SPAIN – NOVEMBER 5 – 2021: Guillermo Lasso, president of Ecuador and involved in the ICIJ investigation of Pandora Papers and the creation of private and illegal funds in offshore banks, met with the president of the Community of Madrid Isabel Díaz Ayuso at the Real Casa de Correos, located at the Puerta del Sol. (Photo by Patricio Realpe/ChakanaNews)

Raul Ilaquiche Licta[13]

El día martes 21 de diciembre de 2021, “Ante el anuncio de varias organizaciones sociales de que en enero del 2022 resolverán si realizan movilizaciones contra las medidas económicas del Gobierno, el presidente Guillermo Lasso calificó de “anarquista” al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leónidas Iza. “El señor Leónidas Iza es un anarquista, odia a la democracia, la institucionalidad (..) hay que enfrentar con la Constitución y la ley en la mano (..) lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública, para que quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica ya de por sí afectada por la pandemia, terminen con sus huesos en la cárcel, porque no hay más alternativa si quieren anarquizar el Ecuador, este gobierno no se lo va a permitir al señor Leónidas Iza”.

Lasso agregó que Iza es “eficiente” en incendiar edificios públicos, promover el secuestro de periodistas y policías, en mandar a alguien a tirar una piedra por la espalda a una periodista, eficiente en agredir a la ciudad de Quito. “Diálogo con las organizaciones sociales siempre, por supuesto, los brazos abiertos, la mano extendida, pero frente a la anarquía todo el peso de la ley con el señor Leónidas Iza que, además, es un hombre tan violento que quiere someter a algunas mujeres a la justicia indígena, eso es una agresión contra la mujer ecuatoriana. Leónidas Iza es uno de los hombres más violentos contra la mujer ecuatoriana”, agregó el presidente Lasso”.[1]

Frente a estas afirmaciones graves con alto contenido feudal y dictatorial del primer personero del país, quien es el llamado a tutelar los derechos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, es necesario y obligatorio hacer algunas reflexiones constitucionales y legales.

Es necesario, porque, las expresiones provienen del Presidente de la República  que ejerce la Función Ejecutiva, es el jefe del Estado y de Gobierno, responsable de la Administración Pública; tiene como la principal atribución y deber el cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.[2] No es un ciudadano común, sino, está investido del poder para gobernar a todos los ecuatorianos, observando y cumpliendo los mandatos constitucionales que al parecer, en su trance, se olvidó que es autoridad y ha provocado una confrontación abierta y de ataque a los pueblos y nacionalidades y  la estabilidad democrática y constitucional del país.

Es obligatorio porque tiene un alto contenido de ataque y violencia desde el Estado en contra de una autoridad legítima de los pueblos y nacionalidades indígenas, que dista totalmente del tipo de Estado, de los derechos, de las democracias y de los poderes que consagra la Constitución.

Además, es atentatoria a la norma suprema y a varios derechos humanos fundamentales como a continuación se explica.

A partir de la Constitución de Montecristi del año 2008, el Estado ecuatoriano se rige por un modelo político y jurídico distinto, el artículo uno de la Constitución es totalmente claro al disponer que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada..”[3]. Es decir, es un cambio radical en la forma de concebir a la sociedad organizada, en donde todos los poderes, la ley, todos los ciudadanos incluido el Presidente se somete a la Constitución; impera la supremacía y aplicación directa e inmediata de la Constitución en cuanto a derechos y garantías.  A este nuevo Estado le interesa y tiene como centro de atención el desarrollo  y protección al ser humano, quien, pasa de ser un objeto a  un sujeto de derechos; es un Estado que reconoce y garantiza varias categorías de derechos[4] y sus titulares son individuales y colectivos[5]; y que todos los actos del poder público, las políticas públicas, las normas y decisiones judiciales se someten al control de constitucionalidad a través de la Corte Constitucional[6].

@CONAIE

Otro elemento característico de este modelo de Estado es la Plurinacionalidad y la interculturalidad. Aquello, en términos de la Corte Constitucional implica: “la Interculturalidad reconoce el entramado de relaciones que tiene lugar entre las diversas culturas y propicia su convivencia sobre la base de la igualdad sin descaracterizar los elementos que configuran su identidad. En tanto que, la Plurinacionalidad reconoce y articula las diversas formas de organización social, política, jurídicas que deben coexistir, sin jerarquización, bajo un proyecto político común que es el Estado constitucional”.[7] Estos principios complementarios reconocen la diversidad política y cultural en el marco de la unidad que supone el Estado constitucional, que debe asegurar el fortalecimiento, el respeto y garantía del ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades[8].

Así, el Estado constitucional, plurinacional e intercultural reconoce los derechos colectivos a favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a “1. mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización propia. 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”[9]; y concomitantemente reconoce en el Art. 171 de la Constitución las funciones jurisdiccionales a favor de las autoridades indígenas.

No podemos olvidar que, como garantía de la supremacía constitucional, la vigencia de los derechos individuales y colectivos, en el funcionamiento del Estado plurinacional e intercultural, “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. …”[10].

La Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que, en este modelo de Estado, el ejercicio de los derechos colectivos implica y excluye la intromisión del Estado en el desarrollo, mantenimiento y aplicación de sus instituciones y sistemas jurídicos propios. La única justificación legitima para la intromisión del Estado en esta esfera es la protección de los derechos constitucionales. Toda otra intromisión, así pretenda objetivos nobles o deseables, implica una afectación ilegítima a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas[11].

Con el nuevo modelo de Estado, se establece una nueva relación entre el Estado y sus instituciones con los pueblos indígenas, en el marco de su autodeterminación, que implica que los pueblos indígenas practican sus propias formas de organización política, económica, social y cultural. Este derecho a la autodeterminación se manifiesta, entre otras características, en I) la autodefinición; II) el derecho propio; III) la organización social y la designación de las autoridades; y IV) el territorio y su relación con la naturaleza. En este contexto, el Estado tiene tres obligaciones generales frente a los derechos: respetar cuando se están ejerciendo, garantizar cuando se obstaculiza o impide el ejercicio de derechos y promover el ejercicio progresivo de derechos[12]. Por lo que el Estado está obligado a respetar las formas de organización social y debe, cuando lo solicita la autoridad indígena competente, garantizar que no existan injerencias indebidas de terceras personas, sean privadas o estatales, ajenas a su autodeterminación, que interfieren de forma indebida en la toma de decisiones.

Con el ataque del presidente Lasso al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, al tiempo de desconocer a la autoridad y gobierno legítimo de los pueblos y nacionalidades y en desconocimiento de las decisiones de la Corte Constitucional, es una clara intromisión en los asuntos internos de las colectividades indígenas y de su ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Pues, este alto Órgano constitucional ya corroboró que las autoridades indígenas ejercen las funciones jurisdiccionales con toda la legitimidad. Es legítima si es designada y elegida por comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en el ámbito de sus territorios, conforme su derecho propio o practicas ancestrales. Niveles de gobierno, cabildos asambleas generales, congresos, representantes, presidentes o autoridades indígenas, como así ha ocurrido con la elección de Leónidas Iza en su calidad de autoridad y gobierno legítimo de la CONAIE. Por lo que, las acciones de esta autoridad se fundamentan en los mandatos de las bases, que encarna y representa a los pueblos y nacionalidades en ejercicio de los derechos colectivos, mas no una acción individual y aislada.

El Presidente Lasso, sin ser juez ni haber mediado un proceso penal con la garantía del derecho al debido proceso, de forma arbitraria y abusiva le atribuye e indilga a la autoridad indígena varios delitos como: el secuestro, ataque, agresión, odio, interrupción de los servicios públicos, incendio, desconociendo por completo la división de poderes y asumiendo un rol monárquico característico de los Estados Feudales (L’État, c’est moi: El Estado soy Yo). Es decir que, en el caso de existir delitos es la Función Judicial, quienes deben determinar y solo frente a una sentencia de cosa juzgado se puede hablar de responsabilidades. El Presidente, con su acusación contraviene flagrantemente el Art. 76 de la Constitución que determina: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”

En relación a la democracia, Guillermo Lasso pregona, defiende y “lucha” por una democracia de antaño, la democracia liberal, representativa, imposición de la mayoría, excluyendo las otras formas de democracia como la directa y participativa y la democracia comunitaria o de consenso de los pueblos y nacionalidades. Amparándose en esa democracia liberal y excluyente llama a atacar con todo el poder del Estado a todo aquel que se oponga a su política de gobierno. Con este propósito se escuda en la acusación de una supuesta anarquía, cuando la autoridad indígena jamás ha expresado la intención de abolir el Estado, que es lo que significa ser anarquista; todo lo contario, el presidente de la CONAIE, en representación de los pueblos y nacionalidades exige el cumplimiento del Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural, así como demanda la generación de empleos, el acceso a la educación y salud de calidad para todos, la no imposición de políticas neoliberales que nos empobrecen, como la subida de los precios de los combustibles y las privatizaciones.

El Presidente Lasso, sin ser juez ni haber mediado un proceso penal con la garantía del derecho al debido proceso, de forma arbitraria y abusiva le atribuye e indilga a la autoridad indígena varios delitos.
El Presidente Lasso, sin ser juez ni haber mediado un proceso penal con la garantía del derecho al debido proceso, de forma arbitraria y abusiva le atribuye e endilga a la autoridad indígena varios delitos. @Juan Pablo Verdesoto/ChakanaNews

Cuando el Presidente Lasso pretende que el presidente de la CONAIE termine con los huesos en la cárcel, hace presumir que quiere la muerte de Leónidas Iza y eso solo cabe en las épocas oscuras de la dictadura, a lo que los pueblos y nacionalidades nos oponemos y denunciamos.

Toda esta acción constituye un ataque a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a sus autoridades legítimas, un desconocimiento y llamado a desconocer los derechos colectivos, la titularidad individual y colectiva; una anarquía del Presidente al Estado constitucional de derechos y justicia. El ciudadano presidente aún añora y vive en ese modelo de Estado pasado, oligárquico, feudad, neoliberal, representativo, excluyente y represor. Es altamente peligrosa las expresiones y afirmaciones realizadas por el presidente Lasso; es un verdadero atentado a las distintas formas de democracia; también es un llamado a una dictadura, desconociendo la estructura misma del Estado, y obliga la actuación inmediata de otros poderes y autoridades del País, como la Fiscalía General del Estado y las instancias de derechos humanos que aún no han pronunciado.

Los pueblos y nacionalidades, a más de ejercer sus derechos colectivos están obligados a recurrir a las instancias que la propia Constitución les franquea, a través de los diversos mecanismos de garantías jurisdiccionales como la acción de protección y de incumplimiento, sin perjuicio de las acciones judiciales ordinarias. Se debe rechazar con firmeza estas acciones del presidente Lasso y hoy más que nunca es necesaria la resistencia en términos del artículo 98 de la Constitución.


[1] El comercio, 22 de diciembre de 2021.

[2] Arts. 141 y 147 de la Constitución

[3] Art. 1 Constitución de la República del Ecuador

[4] 7 Categorías de derechos: Derechos de buen vivir, grupos de atención prioritaria, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de libertad, de protección, de participación y de naturaleza.

[5] Art. 10 y 11 C.R.E.

[6] Art. 436 C.R.E.

[7] Sentencia No. 134-13-EP

[8] Sentencia No. 1779-18-EP/21 de 28 de julio de 2021

[9] Art. 57 y sus 21 numerales de los derechos colectivos de la C.R.E.

[10] Art. 11 No. 9 C.R.E

[11] Sentencia de la Corte Constitucional No.1779-18-EP/21 de 22 de septiembre de 2021.

[12] Art. 11 de la Constitución.

[13] Kichwa de Tigua, ex dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, ex vicepresidente de la Ecuarunari, Ex diputado de la República, Premio Bartolomé de las Casas 2008, Juez elegible de la Corte Constitucional, secretario general del GADPC. Docente de varias universidades y Doctor en Jurisprudencia y desarrollando la tesis doctoral en derecho constitucional, por la UCAB.

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LA CONAIE Y LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES

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LA CONAIE Y LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES: El Presidente de la República, algunos políticos y “periodistas” interesados, algunos asambleístas de Pachakutik, han sacado a flote los sentimientos históricos más oscuros y reaccionarios contra los pueblos y nacionalidades indígenas.

Leonidas Iza, presidente de la CONAIE y dirigentes sociales durante la reunión con el presidente de la ultra derecha ecuatoriana Guillermo Lasso.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE y dirigentes sociales durante la reunión con el presidente de la ultra derecha ecuatoriana Guillermo Lasso. ©Felipe Stanley/ Agencia Press South.

Por Raúl ILaquiche Licta

La CONAIE y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales en términos constitucionales

PRIMERO

Iniciando con el Presidente de la República, algunos políticos y “periodistas” interesados, algunos asambleístas de Pk, respecto del ejercicio de las funciones jurisdiccionales anunciadas por la CONAIE, han sacado a flote los sentimientos históricos más oscuros y reaccionarios contra los pueblos y nacionalidades indígenas.

SEGUNDO

Estamos muy lejos de entender y aceptar lo que implica vivir en el Estado Plurinacional e Intercultural.

TERCERO

Es un desconocimiento total de los derechos colectivos, el pluralismo jurídico, el derecho propio. Es un ataque directo a los pueblos y nacionalidades indígenas y sus autoridades legítimas el pretender impedir el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Claramente es un odio histórico, racismo puro en pleno siglo 21.

CUARTO

Contravienen frontalmente a la esencia de lo que implica el Derecho de libre determinación de los pueblos y nacionalidades, en los términos establecidos por la Corte Constitucional. Aún añoran a ese Estado pasado, el Estado de derecho, el Estado legal que dio paso a un nuevo modelo de Estado denominado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural (Art. 1 CRE)

QUINTO

Los asambleístas de PK que, en sus inicios lucharon, reclamaron, debatieron y hasta pelearon por ser candidatos/as, se sometieron a los procedimientos internos de selección. Y, gracias a esa decisión colectiva, gracias a un proyecto político e ideológico del Movimiento indígena del Ecuador y del PK, fueron merecedores del voto popular y son asambleístas. Sin embargo, hoy desconocen, repudian, atacan, insultan no solo a los dirigentes / autoridades sino a todo ese colectivo que constituye el proceso organizativo que dijeron asumir, representar y defender.

SEXTO

Argumentan sin entendimiento y sustento de lo que es un conflicto interno, un LLAKI, que no son indígenas. Y argumentan que son invitados, que no les corresponden la justicia indígena, que ya no representan a los pueblos y nacionalidades ni a PK. Dicen que son autosuficientes, independientes, que no responden a nadie, sino al pueblo ecuatoriano.

SÉPTIMO

Desconocen las resoluciones de los pueblos y nacionalidades. Es decir, para ellos, ya no existen los derechos colectivos (Art. 57 y los 21 numerales ). Ya no son útiles los procesos organizativos propios, las comunas, los pueblos, las nacionalidades. Tampoco sirven los procedimientos internos, las resoluciones y mandatos colectivos. Ya no son útiles las autoridades indígenas. Ahora son violentos y es violencia política.

Para el ultra derechista Presidente de la República de Ecuador Guillermo Lasso, algunos políticos, periodistas y asambleístas de PK no existe la Corte Constitucional y amenazan con meter preso al líder del movimiento indígena ecuatoriano.
Para el ultra derechista Presidente de la República de Ecuador Guillermo Lasso, algunos políticos, periodistas y asambleístas de PK no existe la Corte Constitucional y amenazan con meter preso al líder del movimiento indígena ecuatoriano. ©Franklin Jácome/Agencia Press South

OCTAVO

En el Estado plurinacional e intercultural, existe el pluralismo jurídico. En base a ello, los indígenas, con la independencia de, a qué pueblo o territorio pertenecen y los que asumen responsabilidad de carácter político, en términos de un proyecto político e ideológico del Movimiento Indígena y de PK, acatan y se someten a la conducción de las autoridades propias. Y por ello la CONAIE a través de las Resoluciones colectivas exige su cumplimiento.

NOVENO

Los asambleístas que mínimamente están obligados a conocer la constitución, las leyes y más normas internacionales para poder legislar y fiscalizar, hacen gala de la ignorancia absoluta de las normas constitucionales. Es decir, no han leído y peor han entendido los alcances y los límites de la jurisdicción indígena (Art. 171 de la Constitución, Art. 343 del Código orgánico de la Función Judicial). Tampoco han leído los artículos 8, 9, 10 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado ecuatoriano. Dichos artículos disponen que los pueblos y nacionalidades indígenas disponen del derecho propio y cuando alguien (sea indígenas o no) contraviene sus derechos colectivos pueden ejercer las funciones jurisdiccionales y aplicar sus métodos de solución de conflictos, independientemente de la cuestión territorial.

DÉCIMO

Para el Presidente de la República, algunos políticos, periodistas y asambleístas de PK no existe la Corte Constitucional. Siendo ésta la Instancia que, por disposición constitucional es la única que debe ejercer el control de constitucionalidad y resolver respecto de la jurisdicción indígena que lograre realizar el Gobierno de la CONAIE. Es decir, luego de que la CONAIE ejerza las funciones jurisdiccionales, y si respecto de las cuales el ciudadano presidente de la República, los políticos, los Periodistas, los afectados asambleístas de PK, no están de acuerdo entonces ACUDAN y presenten la demanda de la acción extraordinaria de protección sobre las decisiones de la jurisdicción indígena (Art. 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control constitucional). En tanto, no hagan alarde de ser Jueces de la Corte Constitucional.

ONCEAVO

Por tanto, solo la corte constitucional, en caso de ser necesario y de existir la jurisdicción indígena en contra de los Asambleístas de PK, es la llamada a pronunciar sobre las preocupaciones y ataques de los prenombrados ciudadanos. Es decir, resolver y aclarar si el Gobierno de la CONAIE tenía o no jurisdicción y competencia para intervenir, respecto de la afección a sus derechos colectivos con las acciones de los asambleístas y establecer si existía el conflicto interno y el LLAKI, causado.

DOCEAVO

Si no siguen este procedimiento, el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas gozan de la presunción de cosa juzgada, de cumplimiento y acatamiento inmediato por todas las instituciones del Estado y de los responsables; sujeta solo al control de constitucionalidad. (Art. 76 No. 7 liberal i) Art. 171 de la CRE; Art. 344 liberal c) del Código Orgánico de la Función Judicial.

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PROTAGONISMO DE LA MUJER INDÍGENA EN LA DIPLOMACIA ECUATORIANA

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Sobre el protagonismo de la Mujer Indígena: “Estos espacios dejaban de lado a los representantes de pueblos indígenas, campesinos de la costa y afrodescendientes, por cuanto la exclusión como estructura social afincada en la sociedad los había relegado de los servicios básicos, así como del acceso a la salud y realización profesional, sometiéndoles a una precaria inserción en el mercado laboral.”

El nombramiento de Nina Pacari Vega como Canciller, en 2003, constituye un hito en la historia del país, por cuanto se convirtió en la primera mujer y primera representante indígena en ocupar el cargo de ministra de Relaciones Exteriores y fue el primer gran protagonismo de la Mujer Indígena.
El nombramiento de Nina Pacari Vega como Canciller, en 2003, constituye un hito en la historia del país, por cuanto se convirtió en la primera mujer y primera representante indígena en ocupar el cargo de ministra de Relaciones Exteriores y fue el primer gran protagonismo de la Mujer Indígena. @UNIR.

Martha Cecilia Santillán Sinchico

Los avances en pro del derecho de las mujeres a participar en los puestos de poder, de sus derechos civiles y de la igualdad de oportunidades están conectados con la consolidación de la democracia, el desarrollo social y el crecimiento económico equitativo.

En 2012 y 2013, a través de una política de género y culturalmente inclusiva, el gobierno ecuatoriano incorporó, al Servicio Exterior Ecuatoriano (SEE), a diplomáticos y diplomáticas de pueblos y nacionalidades, como una forma de revertir formas de discriminación y promover la inclusión social. Este proceso incluyó, además, la paridad de género que se traduce en un notable avance en el rol de la mujer indígena en el servicio público.

La inserción de los nuevos servidores públicos en el quehacer diplomático responde a la puesta en práctica, tanto de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, como de las recomendaciones y disposiciones establecidas en instrumentos nacionales e internacionales que velan por una sociedad más igualitaria. Y desde una mirada retrospectiva, este acontecimiento forma parte del proceso crítico, reflexivo y reivindicativo, de orientación emancipatoria en cada contexto, que inició con la demanda del movimiento indígena, de establecer un Estado plural.

Reseña sobre el ingreso de la mujer indígena en la carrera diplomática del Ecuador

La diplomacia constituye la cara externa de una nación y desde tiempos memorables fue concebido como el arte de conducir las relaciones internacionales entre las naciones y sus instituciones, oficio reservado exclusivamente para los Estados y las élites afines al poder político gobernante.

El análisis del conjunto de los testimonios permite reconocer una cierta composición generalizada de las legaciones (…) quienes parecen haber sido escogidos, con frecuencia, entre un cuerpo selecto de ciudadanos en virtud de su experiencia política o preeminencia socio – económica (…) En ocasiones, son los depositarios del poder ejecutivo quienes encabezan las comisiones. (García, 2001, p. 90).

García hace referencia a un selecto grupo de ciudadanos políticamente activos en el o los gobiernos de turno, quienes conformaban las actividades gubernamentales, económicas, sociales, culturales e ideológicas de un país, además de tener conexiones políticas o familiares con las élites, lo cual facilitaba o garantizaba el acceso a estancias diplomáticas. Este acercamiento va ligado a una interpretación histórica que tiene un largo recorrido como la misma clásica idea de mantener la representación del Estado en manos de los grupos de poder político y económico.

Estos espacios dejaban de lado a los representantes de pueblos indígenas, campesinos de la costa y afrodescendientes, por cuanto la exclusión como estructura social afincada en la sociedad los había relegado de los servicios básicos, así como del acceso a la salud y realización profesional, sometiéndoles a una precaria inserción en el mercado laboral.

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Un claro ejemplo de esta estructura social jerarquizada y clasista es la polarización de las universidades en ámbitos urbanos y en las principales ciudades del país, evidenciándose “prácticas excluyentes en la asignación de recursos públicos y en la oferta de servicios básicos” (Planex, 2005, p.36), que relegó a muchos, de una realización profesional plena y en igualdad de condiciones.

Si bien no hubo normas o leyes que restringieran la presencia de la diversidad social en niveles de representación exterior, tampoco existieron protocolos que garanticen su inserción en la carrera diplomática, por la centralidad en sus convocatorias y porque sus perfiles profesionales no reflejaban a todos los sectores del país:

“Uno de los grandes avances en la política pública de la última década en el Ecuador, ha sido transversalizar dentro de su institucionalidad la gran diversidad cultural, territorial e identitaria que el país posee. Dentro de estas experiencias se encuentra el Servicio Exterior ecuatoriano, el cual se había caracterizado por un acceso restringido- ya sea por el número escaso de puestos para ser disputados por los postulantes-, por una centralidad en su convocatoria – que incorporaba principalmente a personas de Quito-, o por los requisitos que priorizaban perfiles profesionales y sociales que no reflejaba a todos los sectores culturales del país” (Barreiro, 2016).

En ese sentido, la inclusión de la diversidad étnica en la carrera diplomática constituye un hecho inédito en la historia del Ecuador, cuyo propósito se enfocó a la reconfiguración de la estructura social y del patrón conductual en ambas partes, tanto de los nuevos funcionarios que ingresan como de aquellos que pertenecen a esa institución.

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La participación de las mujeres en general y de la mujer indígena en específico, constituye obstáculos socio-estructurales sorteados, por cuanto, se trata de una carrera “de más duro acceso” (Bermeo, 2009:191), al igual que la carrera militar, por ser un espacio, tradicionalmente, de conducción androcéntrica, por hombres, blanco mestizos, de zonas urbanas y asociados con las élites. 

A esta percepción se agregan condicionamientos de género como la mirada patriarcal, o la tendencia a asociar las mujeres con las emociones, subjetividad y tareas reproductivas; por el contrario, a los hombres se los vincula con el poder, la objetividad y seguridad (McGlen y Reid Sarkees, 1993).

Esta realidad ha sido revertida paulatinamente, gracias a los procesos sociales, políticos e ideológicos, y el mundo diplomático no es la excepción.

En abril del 2012 las diplomáticas indígenas Ñusta Maldonado, Edith Pino, Martha Santillán, Verónica Barahona, Verónica Muenala y aparece medio cuerpo: Tamara Live, fueron retratadas en un protagonismo de la Mujer Indígena por Xavier Granja C
En abril del 2012 las diplomáticas indígenas Ñusta Maldonado, Edith Pino, Martha Santillán, Verónica Barahona, Verónica Muenala y aparece medio cuerpo: Tamara Live, fueron retratadas en un protagonismo de la Mujer Indígena por Xavier Granja C, fotógrafo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

Incorporación de la mujer en la carrera diplomática del Ecuador

La incorporación de la mujer a la carrera diplomática del Ecuador y en Latinoamérica en general se ha dado de manera tardía. Un evento que tuvo lugar “con el advenimiento de corrientes norteamericanas y europeas o por necesidades del sector femenino de crear un conglomerado capaz de independizarse de su familia próxima” (Bermeo, 2009, p. 191).

Conforme al Archivo Histórico de Cancillería, a 2009, se contabilizaron 4.900 nombramientos, de los cuales 46 correspondieron a mujeres (Bermeo, 2009, p. 196); es decir la inclusión femenina en el área diplomática fue muy baja y también segmentada, pues de ellas ninguna era indígena, ni afrodescendiente. “Las primeras mujeres que participaron en el Servicio Exterior ecuatoriano lo hicieron administrativamente, especialmente como taquimecanógrafas o contadoras” (Ibídem, p.196), es decir, en funciones instrumentales.   

Incluso, en un matrimonio conformado por funcionarios del Servicio Exterior era imposible que juntos pudieran desempeñar funciones a nivel internacional. Bermeo (2009) advirtió ciertas limitantes del servicio exterior para sus empleados: “La mujer profesional debía retirarse para favorecer la carrera del cónyuge varón diplomático” (p. 196).  Esta situación cambió tras la emisión del Acuerdo Ministerial 501, de 4 de diciembre de 2007, por parte de le entonces Canciller, María Fernanda Espinosa, que faculta la “rotación” de diplomáticos que conforman un matrimonio, a desempeñar funciones en el exterior, en la misión de un mismo país, ya sea en Embajada o Consulado, en una misma ciudad o ciudades cercanas. 

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De 1987 a 2010 se registró el ingreso de 220 diplomáticos en la Academia Diplomática del Ecuador, con una evidente ventaja para funcionarios masculinos. Específicamente, 139 plazas correspondían a hombres y 81 a mujeres, es decir, un porcentaje de 63% para los hombres y 37% para las mujeres (Añazco, 2018).

Otros datos del MREMH muestran que entre 1830 y 2017, se ha designado 156 Cancilleres, de los cuales “153 han sido hombres y 3 mujeres”, entre ellas: Nina Pacari Vega Conejo (2003), María Fernanda Espinosa Garcés (2007 y 2017) y María Isabel Salvador Crespo (2007-2008). Estas cifras históricas acentúan la desigualdad de género a la hora de nominar la máxima autoridad de la institución (Añazco, 2018).

Lucero (2012), señala que en la carrera diplomática han existido “barreras invisibles conocidas como ‘techo de cristal’”, que han impedido a las mujeres ascender a puestos jerárquicos o de decisión. Se trata de “normas no escritas y elementos difíciles de detectar” basados “en prejuicios sobre la capacidad de desempeño” (p.4), que pone en entredicho la capacidad de las mujeres para ejercer un cargo que conlleve poder político.

De acuerdo con la Embajadora ecuatoriana Mireya Muñoz, la inequidad de género es una realidad en el presente, observable en la primera categoría de la carrera diplomática, es decir, entre Embajadoras y Embajadores. La diferenciación responde a un tema generacional, pues anteriormente ingresaban menos mujeres al Servicio Exterior Ecuatoriano.

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Es así que al 2019, había 72 embajadores, de los cuales, 59 son hombres (82%) y 13 corresponde a mujeres (18%). Las cifras, asimismo, revelan otros aspectos históricos como la desigualdad de género en el acceso a la educación: los varones ingresaban más a la educación superior que las mujeres (Peralta, 2019).

De este modo, la paridad de género en las primeras categorías del Servicio Exterior Ecuatoriano no se cumplió, pese a que CEDAW, mediante la Recomendación General Nº 23, del 16º Período de Sesiones, de 1997, en su Art. 8, establece que los Estados parte deben “Garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales”.

Estos conceptos y realidades dan forma a una cavilación: el Estado debe garantizar la participación de las mujeres, indígenas y no indígenas, en los ámbitos nacional e internacional, mediante la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género que posibiliten el ingreso igualitario de hombres y mujeres a la educación superior en las diversas especialidades, rompiendo con la direccionalidad vocacional que ha sumido a la mujer hacia ámbitos locales y/o reproductivos.

Democratización de la carrera diplomática

Ecuador como suscriptor de varios instrumentos internacionales relacionados con la garantía de los derechos humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención CEDAW, Convención Belém Do Pará, entre otros),  incorporó en su Constitución, CRE (2008), artículos que recogen los principios de justicia e igualdad, a fin de generar condiciones favorables de protección integral a segmentos de la sociedad que requieren consideración especial, entre ellas las mujeres.

En ese marco, en 2012, la Cancillería ecuatoriana intensificó sus esfuerzos por democratizar la carrera diplomática en beneficio de la diversidad étnica del país, mediante la aplicación de acciones afirmativas, un mecanismo que formó parte de la ejecución del “Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural”, una política de Estado enfocada a velar por la incorporación de la diversidad social en las instancias públicas, incluyendo la Cancillería.

Así, en 2012, se incorporaron a la Sexta Categoría del Servicio Exterior Ecuatoriano: 20 indígenas, 11 afroecuatorianos, 10 montubios y 29 mestizos como parte de la promoción XIV; y, en 2013 se incluyó a la promoción XV, 27 indígenas, 16 afroecuatorianos, 9 montubios y 48 mestizos.

Cuadro N°1

Inserción de diplomáticos de pueblos y nacionalidades indígenas, con paridad de género

Autoidentificación20122013
Indígena2027
Afroecuatoriana1116
Montuvio109
Mestizo2948
Total70100
Hombres/mujeres35-3550-50

Elaboración personal. Fuente: MREMH (2020).

De acuerdo con la Embajadora Muñoz, la inclusión de funcionarios de la sexta categoría (terceros secretarios), en las promociones XIV y XV, de 2012 y 2013, habría posibilitado que la Cancillería alcance la equidad de género “con 107 funcionarios diplomáticos, de los cuales 53 son hombres, es decir, el 49,5 por ciento; en cambio, el resto son 54 funcionarias, que equivale el 50,5 por ciento” de representación en esta cartera de Estado. Se infiere la siguiente transición: un mayor número de mujeres acceden a la educación superior (Peralta, 2019).

En el siguiente cuadro se ilustra el porcentaje de inclusión de las mujeres, de acuerdo a su autodefinición y pertenencia a nacionalidades y pueblos del Ecuador: el 2% corresponde a mujeres autodenominadas “blancas”, 4% a montuvias (campesinas de la costa), 8% a afroecuatorianas, 12% a mujeres indígenas, y, 73% a mujeres autodefinidas como mestizas.

Gráfico N°1

Porcentaje de inclusión mujeres diplomáticas

Elaboración propia. Base de datos mujeres diplomáticas. Fuente: MREMH. 

De 157 mujeres diplomáticas de los diversos rangos que conforman el Servicio Exterior Ecuatoriano, 20 corresponde a mujeres indígenas, alcanzando un total de 12% de mujeres indígenas diplomáticas.

La paridad de género y los mecanismos de inclusión de indígenas, afrodescendientes y montuvios en la carrera diplomática adoptados por Ecuador resultaron del principio constitucional que avalaba el Estado plurinacional e intercultural.

La aplicación de políticas inclusivas marcó el inicio de un proceso de ruptura paradigmática en la concepción de la estructura sociopolítica del Estado. La diversificación del servicio exterior implicó el ejercicio de los derechos de participación política de la diversidad étnica del Ecuador.

No obstante, la presencia de la mujer indígena en el estadio político, nacional e internacional, se enfrentó a grandes desafíos. El primero de ellos: romper los estereotipos que le fueron asignados desde la época colonial, así lo asevera Paolina Vercoutere Quinche, Concejala indígena de Otavalo, para quien la inserción de las mujeres indígenas en espacios diplomáticos tendría dificultades aún “por el estigma de personajes de servicios”.

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El nombramiento de Nina Pacari Vega como Canciller, en 2003, constituye un hito en la historia del país, por cuanto se convirtió en la primera mujer y primera representante indígena en ocupar ese cargo, un hecho que “deconstruye las representaciones históricas de las élites sobre las mujeres indígenas” (Pequeño, 2007, p.4).

A la actualidad, las funcionarias indígenas ocupan la sexta, quinta y cuarta categorías que corresponde a los cargos de Terceros, Segundos y Primeros Secretarios dentro de la carrera diplomática, quienes pronto fueron asignados a Embajadas y Consulados alrededor del mundo, constituyéndose éste en un espacio con dimensiones sociales, políticas y culturales particulares que los vincula en una estrecha relación con migrantes de pueblos y nacionalidades.

De izquierda a derecha Diego Tituaña, Verónica Barahona, José Luis Cabascango, Martha Santillán y Tamara Livel durante una reunión en Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, que de visibilidad al protagonismo de la Mujer Indígena.
De izquierda a derecha Silvia Guamán, Diego Tituaña, Verónica Barahona, José Luis Cabascango y Martha Santillán durante una reunión en Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, que de visibilidad al protagonismo de la Mujer Indígena. © Xavier Granja C/Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

Conclusión

La inserción de la diversidad étnica, ergo de la mujer indígena en el Servicio Exterior Ecuatoriano constituye un importante hito en la historia del país y quizás de América Latina. Responde a la puesta en práctica, tanto de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, como de las recomendaciones y disposiciones establecidas en instrumentos nacionales e internacionales que velan por una sociedad más igualitaria, donde el Estado actúa como garante de los derechos de las mujeres y posibilita la superación de las condiciones de exclusión.  

No se puede desconocer, además, los importantes aportes del movimiento feminista por alcanzar una mayor inclusión de las mujeres en los espacios de poder y de toma de decisiones, que fue la base que posibilitó la transversalización de la perspectiva de género en los diversos ámbitos de la sociedad, promoviendo una paulatina reconstrucción y reingeniería sociocultural.

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La voluntad política del gobierno de turno y las demandas del movimiento indígena fueron aspectos fundamentales a la hora de promover la inclusión de la diversidad étnica en la carrera diplomática, por cuanto fueron los actores sociales y políticos que impulsaron a lo largo de la historia, la construcción de un nuevo Estado, reflejado en las constituciones de 1998 y 2008, en las que se reformó y concibió como un Estado plurinacional, garante de derechos individuales y colectivos.

Es así que la presencia de líderes y lideresas indígenas en los espacios políticos es más notoria, a partir de la década de los noventa, tras la irrupción del movimiento indígena en la esfera política y su propuesta de reconocimiento del carácter “pluricultural” del Estado ecuatoriano.

La presencia de la mujer indígena en el servicio exterior ecuatoriano, en específico, de-construye el imaginario único de campesina, ama de casa, incluso analfabeta, factor clave que marca la identidad no solo individual y colectiva de un grupo poblacional sino de un Estado que se sabe diverso. De esta forma, se vislumbran impactos a nivel individual, familiar, colectivo en los ámbitos laboral, social, cultural y político. No obstante, más allá de la presencia física, el impacto social y político debe ser medido por el nivel de incidencia de los diplomáticos y las diplomáticas indígenas en las decisiones que afecten favorablemente a sus representados y al Estado ecuatoriano. Aspectos que, sin lugar a dudas, podrán ser medidos en un futuro cercano.

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MANDATO PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

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Mandato para la Defensa del territorio: Los 12 Pueblos Originarios, sus autoridades ancestrales, estructuras de gobierno propio y sus organizaciones asentadas en el departamento de Cauca fortaleciendo los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, desde la identidad, la autodeterminación en la defensa integral de nuestra Madre Tierra y en ejercicio de la Autoridad Territorial Económico Ambiental, con base en los fundamentos y normas que se orientan desde nuestros mandatos y/o Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio y las orientaciones de nuestros mayores.

Para la defensa integral del territorio y los espacios de vida, los pueblos originarios y demás grupos poblacionales debemos tener en cuenta:

1. El territorio con sus espacios de vida.

Para los pueblos originarios el territorio parte de la integralidad. El territorio es la esencia de la vida, va más allá de lo físico-espacial, es donde la naturaleza y los espacios se enlazan con nosotros. Es el que revitaliza la identidad, mediante la realización de prácticas culturales. Es donde habitan los seres espirituales quienes nos guían y orientan, tienen asentado sus casas en los tres espacios: arriba, centro y abajo. En ese sentido, nuestro único fin como guardianes ancestrales es buscar la unidad cósmica, fortalecer la vida, cuidar y mantener la armonía y equilibrio de manera integral desde nuestros mandatos y/o Ley de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio. Es el Mandato para la Defensa del territorio de los pueblos originarios.

Los espacios de vida son un todo, es cada ser de la Madre Tierra que está para sí mismo y para todos. Es lo que le da sustento a la esencia de la existencia de cada ser natural y espiritual incluido el hombre. También es una familia donde se interlocuta entre unos y otros, que permite la armonía y equilibrio entre sí mismos. Los espacios de vida van más allá del espacio físico. Son lugares cosmogónicos, geográficos y geológicos, en los que se albergan varias formas de vida, espirituales, especies animales, vegetal y mineral, generando interrelación de unos con otros en el mismo espacio, haciendo que la vida sea dinámica entre todos los seres que lo conforman.

2. Mandatos autónomos emitidos por los pueblos originarios en el cuidado y la defensa del territorio con sus espacios de vida

En el ejercicio de Autoridades Ancestrales Territoriales Ambientales hemos cuidado y defendido integralmente nuestro territorio realizando acciones frente a quienes vulneran los derechos de la Madre Tierra.

El Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC en el punto 9 de plataforma de lucha establece: Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

La Misak Ley promulgada en el año 2007 tiene como objetivo: Promover el respeto, protección, y conservación de nuestro territorio con toda su biodiversidad, sus aguas, aires, minerales, y todo lo que éste contiene. Asegurar la preservación cultural del pueblo Misak, protegiendo todos sus conocimientos y sabidurías colectivas. Evitar que se concedan derechos de propiedad intelectual o industrial sobre cualquier elemento de nuestro territorio y de nuestra cultura, incluyendo los conocimientos colectivos de nuestro pueblo. Promover el fortalecimiento de las capacidades de protección y defensa de nuestra gente.

Mandato para la Defensa del territorio: Los 12 Pueblos Originarios, sus autoridades ancestrales, estructuras de gobierno propio y sus organizaciones asentadas en el departamento de Cauca fortaleciendo los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía
Mandato para la Defensa del territorio: Los 12 Pueblos Originarios, sus autoridades ancestrales, estructuras de gobierno propio y sus organizaciones asentadas en el departamento de Cauca fortaleciendo los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. ©Julián Naranjo Guevara

Resolución para la defensa integral del territorio sagrado de Tafxnu el cual fue proclamado por las comunidades indígenas en el año 2009. Y tiene como propósito: Restablecer el ideal común de armonía y bienestar, que debe primar sobre los Territorios Indígenas de tradición cultural milenaria; haciendo uso de nuestra autonomía y libre autodeterminación en la toma de decisiones de regulación, control y de ordenación del Territorio, la Naturaleza y manejo de los recursos naturales. Todo ello con el fin de permanecer y pervivir en el tiempo como pueblos al fortalecer nuestra organización, tradición y cultura.

La declaración Páramo de Pisxnu como territorio ancestral de los pueblos indígenas de Colombia realizada en el año 2010 convocó a los pueblos indígenas del Cauca. Su objetivo era Reafirmar y hacer respetar nuestra autonomía territorial, ya que para el indígena el territorio es concebido como casa, semilla y embrión de vida; la naturaleza es la madre que genera vida.

El congreso de los pueblos indígenas de Inzá desarrollado en el territorio de Segovia en el año 2017 mandató:

Operativizar las políticas mandatadas de los congreso. Y también las resoluciones de Jambaló, Vitoncó, Tafxnu, Pisxno y demás resoluciones emitidas por el CRIC y los diversos pueblos originarios, en la protección del territorio y la vida de nuestras comunidades

En el año 2018 el CRIC emitió el mandato 01-0718 publicado en el diario oficial No. 50655 mediante la cual se mandata y ratifica la Autoridad Territorial Económico Ambiental que permite garantizar nuestra pervivencia desde nuestra visión y relación particular con el territorio. Territorio entendido como un todo que comprende el mundo de Io tangible e intangible, en él se encuentra y desarrolla Io económico, Io político, Io cultural, lo espiritual y lo ambiental, conforme a nuestra visión y en busca del buen vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra como fuente de vida.

El primer congreso de los pueblos Totoroez y Misak por la identidad, resistencia, pervivencia, convivencia y territorialidad PURACHAK – GUAMBIA – SILVIA, OCTUBRE 2, 3, 4 Y 5 de 2018 mandatan.

6. De conformidad con la ley de origen y el derecho mayor de los Pueblos Misak y Totoroez reafirmamos el territorio como sitio sagrado. Espacio de vida y patrimonio ambiental, cultural e inmaterial libre de toda exploración y explotación minero energética y otros tipos de iniciativas que atenten su integralidad.

  1. Nos ratificamos como autoridades ambientales y exigimos el reconocimiento inmediato del estado para seguir salvaguardando la integralidad territorial
  2. El agua es un ser vivo y hace parte integral de la espiritualidad y nuestra cosmovisión como territorio ancestral. Por tanto goza de especial protección y no se permitirá la explotación con fines mercantiles.
Para los pueblos originarios el territorio parte de la integralidad, es la esencia de la vida, va más allá de lo físico-espacial. Así es el Mandato para la defensa del territorio.
Para los pueblos originarios el territorio parte de la integralidad, es la esencia de la vida, va más allá de lo físico-espacial. Así es el Mandato para la defensa del territorio. ©Julián Naranjo Guevara

3. Normatividades que ratifican la Autoridad Territorial Ambiental de los Pueblos Originarios

El Convenio OIT 169 de 1989 ratificado por Colombia mediante Ley 21 de 1991 en el numeral 1 del artículo 15 establece: “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

El artículo 7º constitucional establece que es deber del Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación. En consecuencia, es necesario coordinar con los pueblos indígenas la protección de los espacios de vida, teniendo en cuenta Ley de origen, Derecho Mayor y el derecho Propio, los cuales son parte integral de los planes de vida.

El Decreto 4633 de 2011, en el artículo 62 establece: A partir de la entrada en vigencia del presente decreto los sitios sagrados y lugares considerados por los pueblos indígenas como sagrados o indispensables para el ejercicio de la espiritualidad individual y colectiva, se entenderán como bienes culturales y/o lugares de culto de que tratan el artículo 16 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954.

El Decreto 2333 de 2014 que tiene como propósito: Mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio número 169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13, 16 y 19 del Decreto número 2664 de 1994

La Corte Constitucional en Sentencia SU-383 de 2003 indicó que “(…) que la concepción territorial de los pueblos indígenas y tribales no concuerda con la visión de ordenamiento espacial que maneja el resto de la nación colombiana, “porque para el indígena, la territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apropiación del bosque y sus recursos, pues la trama de las relaciones sociales trasciende el nivel empírico y lleva a que las técnicas y estrategias de manejo del medio ambiente no se puedan entender sin los aspectos simbólicos a los que están asociadas y que se articulan con otras dimensiones que la ciencia occidental no reconoce.”

La Corte Constitucional en Sentencia T-849 de 2014 establece: que debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, de acuerdo como las ha venido desarrollando de forma ancestral.

El Consejo de Estado mediante Rad.11001-03-06-000-2019-00117-00(C) del 26 de noviembre de 2019, en conflicto de competencias administrativas entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y el Cabildo Indígena Resguardo de Belalcázar Páez Cauca estableció: los territorios indígenas también son responsables de la protección y cuidado del medio ambiente, en tanto y cuanto se trata de un derecho de toda la colectividad, que trasciende el ámbito puramente espacial de los resguardos y territorios indígenas.

4. Situación actual, acciones de cuidado, defensa y armonización territorial para la pervivencia y el buen vivir de los pueblos

La intervención del territorio, el ámbito territorial y los espacios de vida en diversas formas generan violaciones de derechos fundamentales, alterando las prácticas

culturales ancestrales, colocando en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos originarios y del resto de la población mayoritaria, pues son los territorios ancestrales los que albergan la mayor cantidad de seres de vida para la humanidad, por ello el llamado urgente a cuidarlo y defenderlo de manera integral.

Las instituciones del Estado se han dedicado a desconocer las formas propias de administración de territorio. Además de imponer políticas transitorias como los planes de ordenamiento territorial, planes de manejo de cuencas, la delimitación y zonificación de los páramos, los censos nacionales, catastro multipropósito entre otras, que amenazan los derechos del territorio y de los seres que habitan en él. Sumado a ello, en este momento los espacios de vida están en grave riesgo de degradación con las nuevas formas de explotación turística. Y también por la extracción de elementos del territorio, monocultivos, ganadería, actividades de investigación, entre otras.

En nuestros territorios no solamente habitan comunidades indígenas sino también otros actores que perciben a la tierra, a los espacios de vida en función de los bienes y servicios que le pueden brindar. Llevando a la mercantilización de sus componentes según la lógica occidental, afectando los territorios ambientalmente frágiles que conservan el ciclo natural del agua y producción de oxígeno para la pervivencia de la humanidad, acrecentando de esta manera la actual crisis climática.

Como pueblos originarios, somos hijos de la Madre Tierra.

Y como hijos tenemos el derecho y el deber de cuidar y defender nuestros territorios ancestrales con sus espacios de vida. Todo ello debido al inminente riesgo de exterminio físico y cultural que vivimos por los diferentes atropellos y violaciones de los derechos fundamentales ocasionados por el modelo económico y la política capitalista impuesta por las entidades gubernamentales, los grupos armados legales e ilegales. Por tal razón como Autoridades Ambientales en nuestros territorios los pueblos indígenas NASA, KOKONUKO, YANAKONA, MISAK, TOTOROEZ, EPEDARA- SIAPIDARA, POLINDARA, KISHU,  AMBALO, INGA, GUANACO Y EMBERA CHAMI representados legalmente por sus estructuras político organizativas del orden local, zonal y regional y en usos de sus facultades direccionadas por la Ley de Origen, Derecho Mayor y el Derecho Propio y conforme a la Constitución y la ley,

Mandato para la Defensa del territorio para Cuidar y defender de manera integral el territorio ancestral y los espacios de vida de acuerdo a los usos, costumbres, fundamentos, principios, valores, planes de vida y cosmovisión de los pueblos.
Mandato para la Defensa del territorio para Cuidar y defender de manera integral el territorio ancestral y los espacios de vida de acuerdo a los usos, costumbres, fundamentos, principios, valores, planes de vida y cosmovisión de los pueblos. ©Julián Naranjo Guevara

MANDATAMOS:

Cuidar y defender de manera integral el territorio ancestral y los espacios de vida de acuerdo a los usos, costumbres, fundamentos, principios, valores, planes de vida y cosmovisión de los pueblos: NASA, KOKONUKO, YANAKONA, MISAK, TOTOROEZ, EPEDARA-SIAPIDARA, POLINDARA, KISHU, AMBALO, INGA, GUANACO Y EMBERA CHAMI. Es el Mandato para la Defensa del territorio.

Que el gobierno nacional y sus instituciones respeten el territorio con sus espacios de vida. Que respeten la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho Propio, la Autodeterminación en el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De igual manera, ordenar al Gobierno Nacional las garantías necesarias suficientes y oportunas para fortalecer la Autoridad Territorial Ambiental de los Pueblos Ancestrales.

Prohibir a las multinacionales, entidades estatales, empresas públicas y privadas, grupos armados legales e ilegales y a particulares llevar a cabo acciones y actividades que generen desarmonías. Como por ejemplo la exploración y explotación minera, expansión de la frontera agrícola, turismo de cualquier tipo, quemas, aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra. También se prohibe la creación de figuras jurídicas y demás actividades antrópicas lesivas en los territorios con sus espacios de vida de los pueblos originarios del departamento del Cauca en lo material, cultural y espiritual.

A partir del presente mandato para la defensa del territorio, las Autoridades Tradicionales de cada uno de los Pueblos Ancestrales de acuerdo a los usos, costumbres, fundamentos, principios, valores, planes de vida y cosmovisión legislarán y regularán el uso y manejo del territorio con sus espacios de vida.

No serán aplicable en los territorios indígenas aquellas normatividades de legislación ambiental colombiana que vayan en contravía y en menoscabo de lo plasmado en este mandato y otros que hemos emitido los pueblos indígenas para los propósitos de cuidado y defensa territorial y ambiental. Por lo tanto, toda regulación legal vigente expedida por el Estado sin una consulta previa y concertación, no tiene aplicabilidad y acatamiento para los efectos de regular en materia de cuidado y defensa de nuestros espacios de vida. Por eso es necesario el Mandato para la Defensa del territorio de los pueblos originarios.

Para fines de conocimiento de personas externas al territorio, publíquese por el término de 05 días calendario en el diario oficial.

Aprobado y legitimado a los 22 días del mes de octubre de 2021 en el territorio con sus espacios de vida de los doce (12) pueblos indígenas del Cauca – Colombia.

Publíquese, comuníquese y aplíquese

“Reconstruir el pasado para vivir el presente y reafirmar el futuro”

FIRMADO POR LOS DOCE PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CAUCA

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FLAMENCO CULTURA VIVA EN MADRID

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Flamenco Cultura Viva arranca nueva temporada en Madrid. Clara Gutiérrez, bailaora paya y José Jurado bailaor y profesor de flamenco bailando por Soleá y por Alegrías en Cultura Viva del Flamenco. Junto a ellos Eleazar Cerreduela y su cante, y la guitarra de “el Tomate”, Víctor Márquez. El arte flamenco de Córdoba llega de nuevo a Madrid.

Flamenco Cultura Viva arranca nueva temporada en Madrid. Clara Gutiérrez, bailaora paya y José Jurado bailaor y profesor de flamenco bailando por Soleá y por Alegrías en Cultura Viva del Flamenco.
Flamenco Cultura Viva arranca nueva temporada en Madrid. Clara Gutiérrez, bailaora paya y José Jurado bailaor y profesor de flamenco bailando por Soleá y por Alegrías en Cultura Viva del Flamenco. ©Pablo Barrilado/ChakanaNews
©Pablo Barrilado/ChakanaNews
El arte flamenco de Córdoba llega de nuevo a Madrid.
El arte flamenco de Córdoba llega de nuevo a Madrid. ©Pablo Barrilado/ChakanaNews

Clara Gutiérrez y José Jurado, ambos cordobeses, cursan estudios en el Conservatorio Profesional de Córdoba “Luis del Río”. Por su parte, Víctor Márquez, “el Tomate”, lleva en su sangre el arte flamenco. Con familia de guitarristas “Los Tomates de Córdoba”, con sólo nueve años, empieza a tocar sus primeros acordes. Eleazar por su parte sorprendió con su duende en el cante.

El pasado 13 de noviembre estuvieron inaugurando la nueva temporada flamenca de la Asociación Flamenco Jondo. La Asociación sigue fiel a sus objetivos de dar a conocer nuevos valores para el flamenco. Este es el caso de Clara Gutiérrez, que con sólo 23 años, llega a Madrid con fuerza, mostrando en su baile todo sus sentimiento. José Jurado, con más madurez apuesta por su expresividad en el baile.

En noviembre inauguraron la nueva temporada flamenca de la Asociación Flamenco Jondo.
En noviembre inauguraron la nueva temporada flamenca de la Asociación Flamenco Jondo. ©Pablo Barrilado/ChakanaNews
©Pablo Barrilado/ChakanaNews
©Pablo Barrilado/ChakanaNews

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EL LLAMADO DEL ÁGUILA: CON LA FUERZA DE LA PALABRA, EL AGUA Y LOS SUEÑOS

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El llamado del Águila, es una lucha de vida, de territorio, de origen para seguir perviviendo desde las selvas como pueblo originario.

“Exigimos que nos miren, que se den cuenta de las situaciones en el que nos encontramos porque nos han desconocido, en las que estamos viviendo de hace más de dos años”. Es es el llamado del Águila.
Exigimos que nos miren, que se den cuenta de las situaciones en el que nos encontramos. Porque nos han desconocido. Situaciones en las que estamos viviendo de hace más de dos años”. Es es el llamado del Águila. ©Diana Mery Jembuel.

Por: Diana Mery Jembuel Morales, Periodista del pueblo Misak – Colombia.

El resguardo indígena del Águila se encuentra ubicado al sur occidente del departamento del Caquetá, en el municipio de Belén de los Andaquíes. Específicamente está sobre la cordillera oriental en el piedemonte andino amazónico.

Su creación como resguardo viene desde el Táita Felipe Anguchu, Misak del pueblo Totoroes y su esposa, María del Carmen Piñacué, del pueblo Nasa. Allía es donde deciden migrar y llegan al departamento del Huila. Pero de ahí son despojados y luego llegan al departamento del Caquetá a una vereda llamada La Andina.

Después se trasladan a otra vereda llamada Primavera, donde empiezan a caminar por más de 5 horas. Y finalmente se reencuentran en la cordillera oriental, miran que es una tierra productiva y deciden quedarse. En este lugar se crea el cabildo llamado el Águila. Luego la familia va creciendo para poder pensar en el futuro de las nuevas generaciones.  “Pero antes de eso ellos recibieron mucha discriminación por gente que vivía en el casco urbano”, lo dice la Autoridad Ancestral. “Que ustedes no son de acá, que se vayan para el Cauca”. Eran las palabras que recibían cuando llegaban y andaban en el casco urbano. 

¿Por qué el nombre del resguardo?

“Pensaron en el nombre del cabildo, porque es la cuna de las águilas que vivían en árboles muy grandes y una quebrada que tenía el nombre del Águila. Por eso deciden llamar el resguardo el Águila.  Y deciden quedarse y empezar a organizarse comunitariamente”. Nos habla el Táta Jairo Santanilla.

Y en este lugar la forma de resistencia “es estar siempre unidos como pueblo y familia, en la actualidad sin discriminación alguna y desde el fogón mayor, hablan de que todos somos como la gran familia Misak”. Nos habla con su voz sencilla y humilde, Táta Andrés Aranda.  

©Diana Mery Jembuel.

Haciendo memoria desde el dolor: “Desde 1960 salieron del territorio de origen, porque les robaron las tierras. Luego se vuelve a repetir la historia por el asesinato de un sabedor ancestral, quien fue el fundador del resguardo y autoridad por 14 años, que se llamaba Taita Ismael Anguchu, por la disidencia de la FARC- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -. En dicho momentos, por esa situación han salido de su espacio y se encuentran en el polideportivo del municipio del Belén de los Andaquíes, con una situación de precarias condiciones”. Autoridad Ancestral. 

puede leer: ABORTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Y su fuerza y fortaleza es seguir manteniendo su identidad cultural, pues hay un debilitamiento del idioma propio. Pero su conocimiento, su espíritu y su origen, que lo llevan en la sangre como Misak, sigue caminando con mucho valor. Y su gran reto es volver a hablar su idioma materno.

El secretario general, Táta Andrés Aranda, una de las autoridades del resguardo Belén de los Andaquies dice: “Ha llegado a fortalecer su pueblo desde el idioma propio, desde su cosmovisión de origen para que las nuevas generaciones no pierdan la esencia del ser Misak.”

Y este es el llamado desde el resguardo indígena del Águila, municipio de Belén de los Andaquíes, del pueblo Misak, desde las condiciones precarias en que se encuentran. Su llamado es para seguir perviviendo como pueblo y defender el origen. “Exigimos que nos miren, que se den cuenta de las situaciones en el que nos encontramos porque nos han desconocido. Así estamos viviendo y luchando desde hace más de dos años”. Táta Jairo Santanilla.

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ABORTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

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La sociedad en la que se desarrolla nuestra realidad es, en demasiadas ocasiones, un lugar muy hostil para la fragilidad humana. El aborto, es una vivencia que nace de esa vulnerabilidad, y, aunque goza de milenios de historia, nunca generó consecuencias tan devastadoras como las actuales en la salud femenina. Según el Instituto Guttmacher*, entre 2015 y 2019, hubo 121 millones de embarazos no deseados al año, y, de ellos, el 61% terminó en aborto. Además, la OMS añade que, en ese mismo intervalo, se producen 47.000 muertes de mujeres por dicha práctica en condiciones inseguras. Todo por el ABORTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En los pueblos andinos, la violencia contra la mujer es muy grave y los gobiernos no han dictado leyes para protegerlas.
En los pueblos andinos, la violencia contra la mujer es muy grave y los gobiernos no han dictado leyes para protegerlas. ©Patricio Realpe/ChakanaNews.

Texto: Leyre Collazo Palomo

Expuestas estas certezas, de forma insoslayable y bajo tal contexto, hacen que tomen valor unas palabras – sordas para muchos – de Eduardo Galeano que rezan así, << ¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo? >>.

Estas líneas colocan boca arriba y sobre la mesa dos ejes fundamentales que, a mi entender, vertebran el aborto en la actualidad. Uno de ellos, cristaliza la expresión de control y poder hegemónicos orquestados por una masculinidad tóxica. Y el otro, en vistas a la legislación vigente, es un recurso sólo apto para privilegiados. En consecuencia, la regulación del aborto se ha convertido en origen e inferencia de múltiples disentimientos y debates encarnizados. Una discriminación transversal a diferentes condiciones tanto sociales, económicas, culturales o políticas.

No es una eventualidad, por tanto, que sea una práctica tan cuestionada desde diversos prismas que critican y enjuician sistemáticamente a las corporalidades gestantes. Como bien expresaba Galeano, existe un sesgo que discrimina en términos de género. Se margina a las mujeres y niñas del mundo potenciando grandes carencias en su salud sexual y reproductiva. Un desequilibrio que hace indispensable incluir una nueva perspectiva que contemple la especial criminalización en su trato y luche por subsanarla; una perspectiva de género.

HISTORIA DE LIBERTAD Y ABUSO

Se abren carnes al hablar del aborto, su significado o prácticas. Se enfrentan diversas ideologías, e incluso, bajo ciertos dogmas, se acusa de asesinato. Sin embargo, a un nivel menos moralista, definir el aborto desde un contexto de derechos fundamentales puede establecer un punto de partida que invite al consenso social y menos controvertido. Según la OMS, se trata de la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente”.

Sin embargo, en este sentido, su etimología ha sido dispar. Si nos remontamos a tiempos de las Antiguas Civilizaciones, encontramos registros escritos en el propio Egipto (“Papiro de Ebers”) a través de los que se divulgaban recetas para detener el embarazo (1.500 a.c). Los mismos avalaban dicha práctica. Más adelante, griegos como Sócrates se referirán al aborto como “derecho materno”, ejercido sin tener que contemplar la opinión del hombre. También lo hará Aristóteles, que incluso dibuja un marco espiritual a tal cuestión. Él indica que el feto no estará vivo hasta los 40 y 80 días de su gestación.

En China, Persia e India se han descubierto yacimientos arqueológicos con instrumentos propios para llevarlo a cabo.  Y de manera similar, desde el Nuevo Mundo, llegan cosmovisiones que entienden el aborto como una parte más de los ciclos de la Madre Tierra (Pachamama). A decir verdad, existe un amplio registro de evidencias como para inferir que, al menos durante una parte de nuestra historia, la interrupción voluntaria del embarazo distaba de ser un proceso traumático y condenatorio para la mujer. Se entiende más bien, que se refiere a un proceso elegido y natural.

Ahora bien, otros periodos más recientes no han sido tan benévolos en su interpretación. La irrupción de nuevos paradigmas, religiosos y económicos, colectivizó un imaginario bien diferente. Por ejemplo, según la religión católica, la gestación es una “Obra de Dios”, inmutable y primordial, ajena a la voluntad de la madre. Tanto es así, que les alienan de sus propios cuerpos y les castigan si deciden ponerle fin. Para la Iglesia y su obra, las mujeres nunca han sido relevantes, salvo a lo que dirigir su sexualidad se refiere. Sexualidad, la de las mujeres, que investida poco más que como diabólica, era una obligación de fe y estado controlarla.

La evolución de este último, por añadidura, ha sumado esfuerzos en la expropiación de la autonomía femenina. Por su cuenta, y bajo diferentes formas feudales o capitalistas, ha clavado su ojo inquisidor en la capacidad reproductiva. La mayor lección al respecto, podemos apreciarla, como nos ilustra la teórica Silvia Federici, en la caza de brujas, << claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción (…). Literalmente demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de sexualidad no-procreativa. Al mismo tiempo también acusaba a mujeres de sacrificar niños al Demonio>> (1).

Por intereses demográficos, productivos o espirituales, las mujeres eran acusadas por infanticidio en los siglos XVI y XVII en Europa. Las parteras eran expulsadas de los alumbramientos. O también eran acusadas las madres por no realizar esfuerzo suficiente en los mismos. En definitiva, se desplegaban sendos recursos “legítimos” que impusieron una relación de esclavitud entre las mujeres y su sexualidad. << A partir de ahora sus úteros se transformaron en territorio político controlado por los hombres y el Estado >> (2). Para evitar la despoblación, garantizar la fuerza de trabajo o servir a Dios, las mujeres no podían decidir libremente.

Las mujeres y niñas, identificadas de forma global con la pobreza, con menor inclusión laboral o, peores condiciones sanitarias y educativas, sufren las consecuencias de un sistema (Estado y religión) paternalista que decide por ellas y que implementan la violencia machista y la iglesia pedófila.
Las mujeres y niñas, identificadas de forma global con la pobreza, con menor inclusión laboral o, peores condiciones sanitarias y educativas, sufren las consecuencias de un sistema (Estado y religión) paternalista que decide por ellas y que implementan la violencia machista y la iglesia pedófila. ©ChakanaNews.

PENALIZACIÓN DEL ABORTO, UNA PESADA HERENCIA.

En la actualidad, América latina, es una de las regiones, junto con Asia y África, donde se concentran más disposiciones contra la práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Y esto, no es ni mucho menos una casualidad. Casi el 70% de la población profesa una religión católica. El resto, pertenece a un creciente evangelismo en comunión con políticas neoliberales – fundamentalmente –. Hecho nada fortuito ya que cataliza sus creencias religiosas en políticas públicas alejadas de la educación sexual (anticoncepción o planificación familiar). Y por supuesto en contra de la legalización del aborto.

Acorde con ello, encontramos hasta 5 países donde se penalizada esta práctica sin excepciones, hablamos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Zonas en las que, adicionalmente, confluyen las rentas per cápita más bajas de todo el continente. No obstante, existen algunos referentes en los que las restricciones no son tan férreas, y, contemplan al menos, otros supuestos. Las legislaciones frente al aborto, son tan divergentes como las sociedades que las sostienen. Aunque en muchas ocasiones, y como vemos a través del activismo en las calles, sea en contra de su propia voluntad.

No podemos pasar por alto tampoco, que el 97% de las mujeres gestantes viven en esos países donde las leyes para abortar son más restrictivas. Sin embargo, sólo el 5% de ellas, de entre 14 y 44 años, vive en los 6 países en los que el IVE se desarrolla bajo criterios más amplios. Mientras, es, además, la única región del mundo en la que aumentan los embarazos de niñas, y la 2ª con la tasa de embarazos adolescentes más alta (LATFEM). Una lista de datos que contextualiza como en aquellos lugares donde el número de abortos (peligrosos) es más alto, los marcos legales son más estrictos.

Cuestiones que enraízan, como explica CLACLAI (Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro) con un menor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Esta se ha incrementado aún más en pandemia. Y en estos países hay una mayor criminalización del proceso. “Mientras el aborto siga siendo un delito, habrá espacio para imponer esa visión personal que sólo crea barreras y supedita el derecho a abortar a un 3º”, argumenta Laura Gil, ginecóloga de la Fundación ESAR.

En este momento, al exponer el efecto concomitante de las creencias y la jurisprudencia de un Estado, se debe recordar a tantas mujeres y niñas muertas, o con graves secuelas por someterse a estas prácticas clandestinamente. Muchas, víctimas previas de violaciones perpetradas por personas de su mismo círculo familiar o de amigos.

Mujeres que han de soportar la vulneración y el quebranto de sus derechos sin más reconocimiento que la culpa. Y eso, cuando no se habla de condenas a prisión de hasta 30 años. Este fue el caso de la conocida Teodora Vázquez, encarcelada tras dar a luz a su hijo ya muerto (El Salvador) – ya en libertad-.

En la actualidad, se ha demostrado, ampliamente, que convertir el aborto en un delito o restringir su acceso no impide, ni de lejos, su práctica ilegal y consecuencias terribles. Las mujeres y niñas, identificadas de forma global con la pobreza, con menor inclusión laboral o, peores condiciones sanitarias y educativas, sufren las consecuencias de un sistema (Estado y religión) paternalista que decide por ellas. Decide colocarlas en una posición de inferioridad y dominación para mantener un statu-quo que siempre favorece a los mismos, privilegiados hombres blancos cis-heteronormativos con recursos.

FUTURO PARA EL ABORTO, UN CAMBIO SOCIAL.

Decía la académica Riane Eisler en su Best-seller “El Cáliz y la Espada”, que << La nuestra tenía que ser la edad moderna, la edad de la razón, la Ilustración debía reemplazar a la superstición; el humanismo a la barbarie; el conocimiento empírico debía de tomar el lugar de la palabrería y el dogma (…)>> (3). Y, sin embargo, esa razón ha fracasado. Introducimos la ideología con la que nos identificamos en la construcción de leyes. Damos permiso a su debate versus el derecho humano a decidir, y mezclamos con ello conceptos como la convicción y la responsabilidad.  Se legitima muerte en lugar de cuidar la vida.

Aún hoy, se experimentan retrocesos en legislaciones positivas ya vigentes. Como la prohibición del aborto a partir de la 6ª semana recientemente en Texas (EE.UU), o la modificación de ley en Polonia a principios del año en curso – eliminando el supuesto de malformación del feto -. Tampoco se puede olvidar la criminalización de mujeres que quieren ejercer su derecho al aborto, aun cuando les ampara la ley. Existen campañas que boicotean la acción de clínicas donde se practica. Práctica ésta, recientemente penalizado por el Congreso de los Diputados de España. También nos encontramos con la objeción de conciencia de los profesionales.

Por contra, en el último cuarto de siglo y gracias a la influencia de los feminismos, son más de 50 países los que han desarrollado un marco jurídico diferente; promocionan un mayor acceso al aborto. Argentina, y su marcha marea verde, es, por ejemplo, uno de los referentes más emblemáticos al respecto, fruto de una histórica protesta. Sin dejar de recordar la despenalización del mismo en el estado de Coahuila por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, entre otros. Todos ellos, referentes del cambio social necesario para emancipar a muchas mujeres y niñas ante embarazos no planeados.

Será imprescindible, decididamente, una transformación que mude los valores del individualismo, la competitividad y la acumulación de nuestra sociedad actual, a otros más compatibles con la vida. Será vital a la vez, acogernos a la lucha por la igualdad entre géneros. Lucha que facilite su equidad a nivel global y en diferentes esferas, como la salud sexual y reproductiva. Habrá que invertir en políticas de educación sexual integral, ampliando el abanico de métodos anticipativos y servicios de planificación familiar.

El aborto, no podrá ser una cuestión de opiniones, sino una cuestión de derecho vital para evolucionar como sociedad de bienestar. Una práctica cuyo saber ha pasado de unas generaciones a otras como signo de autonomía y libertad sobre sus cuerpos, hoy degenera y empobrece. En pleno Siglo XXI, tiñe con más dolor aún historias de abusos sexuales y matrimonios infantiles. Sus connotaciones religiosas y políticas priorizan las narrativas masculinas que violan y esclavizan, adoctrinan y discriminan.

En conclusión, por ende, hay que reclamar la necesidad imperante de reapropiación de los cuerpos. Una disposición feminista que aleja a las mujeres de ser territorios de guerra y conquista ajenas. Y que acerca a la sociedad a una perspectiva más equilibrada con el fin de recuperar su libertad. Para ello, de nuevo los feminismos y su perspectiva de género pondrán el acento en el lugar correcto.

Bibliografía:

•    (1) y (2): Federici, Silvia (ed.2021). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños (Historia).

•    (3): Eisler, Riane (ed.2021). El Cáliz y la espada. De las diosas a los dioses: Culturas Pre- patriarcales. Madrid: Capitán Swing Libros S.L.

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EDWIN MADRID, UNA DE LAS POÉTICAS MÁS ARRIESGADAS DE SU GENERACIÓN

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Edwin Madrid (Quito, Ecuador, 1961). Poeta, ensayista, docente, promotor cultural y editor. Se desempeña como director del Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Dirige la colección de poesía de Ediciones de la Línea Imaginaria.

Edwin Madrid, es coeditor del catálogo de libros digitales Alfabeto del Mundo, cuyos libros pueden descargarse de forma gratuita en: https://edicionesdelalineaimaginaria.com/.
Edwin Madrid, es coeditor del catálogo de libros digitales Alfabeto del Mundo, cuyos libros pueden descargarse de forma gratuita en: https://edicionesdelalineaimaginaria.com/. © Jorge Vinueza/Inventario Documental

Texto: AQR

Me gusta pensar, a propósito de un ejercicio de reflexión sobre la literatura del Ecuador, que somos más geografía que historia. Somos, de varias maneras, un infinito diálogo entre las travesías interiores y los viajes exteriores. También somos un territorio de palabras labradas por la altura andina con su belleza triste y la fuerza telúrica del Pacífico, como también la Amazonía y las Galápagos para pintar el dibujo exacto de la interculturalidad que somos.

Con nuestro poeta nacional, Jorge Carrera Andrade (1902-1978), doy un salto hasta uno de los poetas contemporáneos más prolíficos, potentes, diversos y arriesgados del Ecuador, el quiteño Edwin Madrid (1961). Poeta, ensayista, docente, promotor cultural y editor. Se desempeña como director del Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Madrid tiene 14 libros de poesía y una novela inédita.

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Fue Premio Casa de América de Poesía Americana, España 2004 y uno de sus libros más notables Todos lo Madrid, el otro Madrid, fue publicado por la prestigiosa editorial Pretextos de Valencia, España. Ha sido traducido y publicado al francés, árabe, inglés y portugués.

Este poeta que acaba de cumplir 60 años de vida y poesía, fue retratado, por el artista audiovisual y reconocido fotógrafo Jorge Vinueza. Jorge realizó una exquisita pieza documental titulada: “Pequeña Biografía de Bolsillo”. Y de aquí salen frases versos como estos, que no hacen más que develar la riqueza de la experiencia de la poesía vivida por el poeta ecuatoriano. “En los libros no me miento”, “¿te imaginas lo que es encontrar la palabra justa?”, “¿Quién puede ser un poeta; quién puede ser un hombre poético?”.

Madrid también acaba de presentar su primer libro de poesía. Un libro que para muchos lectores y círculos literarios ha pasado a convertirse en un libro mítico. ¡OH! Muerte de pequeños senos de oro, se publicó por primera vez en 1987, años controversiales en la vida ecuatoriana, que de alguna manera se reflejan en este poemario que hoy vuelve a cobrar nueva vida gracias al Catálogo Digital Literario Alfabeto del Mundo, libros digitales de descarga gratuita (www.edicionesdelalineaimaginaria.com).

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Se trata de un libro que irrumpe en el panorama de la literatura ecuatoriana con un lenguaje coloquial. Y también con un desenfado poco frecuente en la lírica del país andino. Incorpora poemas collages, pequeños poemas en prosa, biografías apócrifas, etc. Todo ello da cuenta de un mundo desbordado y lleno de magia que el lector tiene la oportunidad de valorar por sí mismo. Y esto porque se lo presenta tal y como apareció la primera vez. Aquí confluyen humor e ironía, muerte y esperanza; lo conversacional con lo surrealista, lo neobarroco con lo clásico.

Sin duda, este libro marca el paso de su autor por los libros que vendrán después y nos muestra que la poesía es un riesgo que se asume mientras se escribe sin detenerse en la realidad brutal, pero sí recreándola hasta convertirla en una sublimación que solo el lenguaje preciso y adecuado lo consigue como en los mejores poemas que guarda este libro: El niño de Laurel, Rabito,  Escribiste un hermoso poema y lo perdí, Muchacho de corazón amarillo y muchos otros poemas que revelan una de las poéticas más arriesgadas de su generación.

BIODATA

Edwin Madrid (Quito, Ecuador, 1961). Poeta, ensayista, docente, promotor cultural y editor. Se desempeña como director del Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Dirige la colección de poesía de Ediciones de la Línea Imaginaria. Es coeditor del catálogo de libros digitales Alfabeto del Mundo, cuyos libros pueden descargarse de forma gratuita en: https://edicionesdelalineaimaginaria.com/ http://lacastalia.com.ve/

Los poemas de Edwin Madrid aparecen en varias antologías de la poesía contemporánea.
Los poemas de Edwin Madrid aparecen en varias antologías de la poesía contemporánea. © Jorge Vinueza/Inventario Documental

Publicó los libros:

Trilogía 0° 0’ 0” (Cuba, 2021), Formas de tapar o Sol (Portugal, 2019), Todos los Madrid, el otro Madrid (España, 2016), Mordendo o frio, libro completo (Portugal, 2016), Al Sur del ecuador (Ecuador, 2015) Pavo muerto para el amor (Argentina, 2012), Lactitud cero° (Colombia, 2005),  Mordiendo el frío (España, 2004), Puertas abiertas (Ecuador, 2001), Open Doors (U.S.A., 2000), Tentación del otro (Ecuador, 1995), Tambor sagrado y otros poemas (Ecuador, 1995), Caballos e iguanas (Ecuador, 1993), Celebriedad (Ecuador, 1992), Enamorado de un fantasma (Ecuador, 1990), ¡OH! Muerte de pequeños senos de oro (Ecuador, 1987).

Tiene publicadas las antologías: Todos los Madrid, el otro Madrid (España, 2016), Pararrayos (España, 2012), Mordiendo el frío y otros poemas (Cuba, 2010), Mordiendo el frío y otros poemas (Ecuador, 2009) y La búsqueda incesante (México, 2006).

El 2004, en Madrid, recibió el Premio Casa de América de Poesía Americana, también alcanzó el Premio Único de Poesía Ministerio de Cultura y Patrimonio 2013, por su libro Al Sur del ecuador, el Premio Escritores Ecuatorianos de los 90, entre otros galardones.

puede leer: EL INDIGENISMO PERDIDO EN ECUADOR

Sus poemas aparecen en varias antologías de la poesía contemporánea. Algunas de ellas son: Cuerpo Plural (Pre-Textos, 2010), Our Own Words: A Generation Defining Itself (MW Enterprises, 2010), Un país imaginario (Ruido Blanco, 2011), Una alegre gravedad (Difácil, 2007), ZurDos (Paradiso, 2004), El turno y la transición (Siglo XXI editores, 1997).

Tiene traducciones de sus libros al árabe, inglés, portugués, alemán, francés e italiano. Ha sido invitado por las universidades de Cincinnati, Zúrich, Viena, Granada y además ha realizado lecturas de poesía en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En el 2011 fue escritor residente en la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire, Francia.

Editor de Poesía completa, español/ inglés, de Jorge Carrera Andrade (Quito, 2003), compiló la Antología poesía ecuatoriana del Siglo XX (Visor, 2007) y Línea Imaginaria, antología de la poesía ecuatoriana (LOM, 2015). 

Al Sur del ecuador es su más reciente libro traducido al francés y publicado en Francia por la Maison des Écrivains et des Traducteurs, Saint-Nazaire, 2016.  En la Collection “Les Bilingues” diregée par Patrick Deville.

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ECUADOR SE DESANGRA EN LAS CÁRCELES

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“ECUADOR SE DESANGRA EN LAS CÁRCELES”. Entre los asesinados en la noche del 12 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral, está el defensor del agua y de la vida, Víctor Enrique Guaillas Gutama. Víctor fue criminalizado y detenido durante el Levantamiento de Octubre de 2019 sin prueba alguna. Es el segundo asesinato de luchadores populares en la zona de Molleturo-Yumate-Río Blanco. El primero tuvo que ver con el asesinato de otro líder comunitario, Andrés Durazno. Ambos resistían a la empresa minera que pese a estar suspendida por la justicia, a capa y espada quiere explotar oro en los páramos del Cajas, contaminando el agua de consumo humano y de riego.

Víctor Guaillas uno de los mayores activista en la defensa del agua y de la vida fue asesinado por las mafias en un  "Ecuador se desangra en las cárceles".
Víctor Guaillas uno de los mayores activista en la defensa del agua y de la vida fue asesinado por las mafias en un “Ecuador se desangra en las cárceles”.

La sangre de nuestros mártires no será derramada en vano. Hace 99 años, durante el gobierno de José Luis Tamayo, el ejército disparó contra los trabajadores en huelga. Asesinó a centenares en las calles de Guayaquil y arrojaron los cadáveres al Río Guayas, para ocultar la masacre. La historia del asesinato de trabajadores y luchadores populares se repite como un rito macabro para asegurar los privilegios del capital, de las transnacionales y sus aliados en el país.

Hoy el Ecuador sangra en las cárceles. El escenario vuelve a ser Guayaquil, las cárceles y las calles. En medio de la inoperancia y la complicidad del Estado y la guerra entre mafias y maras, en este año han caído asesinadas 300 personas en masacres dentro de las cárceles. A ello hay que sumar cerca de 550 asesinatos violentos. Cada 13 horas cae un nuevo asesinado en el triángulo Guayaquil, Sanborondón y Durán.

Entre los asesinados en la noche del 12 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral, está el defensor del agua y de la vida, Víctor Enrique Guaillas Gutama. Víctor fue criminalizado y detenido durante el Levantamiento de Octubre de 2019 sin prueba alguna. Es el segundo asesinato de luchadores populares en la zona de Molleturo-Yumate-Río Blanco. El primero tuvo que ver con el asesinato de otro líder comunitario, Andrés Durazno. Ambos resistían a la empresa minera que pese a estar suspendida por la justicia, a capa y espada quiere explotar oro en los páramos del Cajas, contaminando el agua de consumo humano y de riego.

No es una muerte casual la del compañero Víctor, hay una cadena de responsabilidades. 

El punto de partida es la criminalización de las luchas sociales instaurada en el COIP, aprobado el 10 de febrero de 2014, durante el gobierno de Rafael Correa. El sistema carcelario instaurado en ese período, en torno a mega cárceles, siguiendo modelos externos, abandonó las posibilidades de rehabilitación y abrió paso al dominio de bandas al interior. La respuesta autoritaria del Gobierno de Lenin Moreno ante las demandas del Levantamiento de Octubre de 2019 desembocó en la muerte de 11 personas. A ellas se suman, la discapacidad de decenas de personas que perdieron sus ojos producto de la represión policial. Y también el apresamiento de más de cien compañeros y compañeras, que siguen en las cárceles acusados de sabotaje y terrorismo.

La inoperancia y la parcialización del sistema de justicia a favor de las mineras, el abuso de la detención preventiva y la prolongación de procesos sin sentencias en firme desembocaron en el hacinamiento y la mezcla de detenidos por causas menores o sociales, con delincuentes y miembros de las mafias o maras en conflicto. La complicidad, contaminación de las fuerzas del orden encargadas de la seguridad de los centros carcelarios con los grupos mafiosos locales e internacionales, abren las puertas al ingreso de armas, dinamita, medios electrónicos, drogas. Un gobierno que no es capaz de garantizar la seguridad y la vida dentro de las cárceles produce un vacío del control del Estado, que es copado por los grupos mafiosos.

Los nuevos enfrentamientos dejan 68 muertos en el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil, en un "ECUADOR SE DESANGRA EN LAS CÁRCELES".
Los nuevos enfrentamientos dejan 68 muertos en el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil. En un “ECUADOR SE DESANGRA EN LAS CÁRCELES”. ©Gerardo Menoscal. Agencia Press South

Causa indignación ver cómo todos estos factores se ensañaron con la figura sencilla y firme del compañero Víctor. Le negaron todos los recursos y le metieron en la jaula de leones. Y terminó ofrendando su vida en defensa de la vida y el agua ante la voracidad de las mineras.

El problema viene desde atrás. Estamos en una situación de conmoción social y nos acercamos al borde de un Estado fallido. Ya habrá reuniones de alto nivel, hablarán de nuevas salidas represivas, de privatizaciones de los centros carcelarios. Y otra vez se acercará una nueva masacre, pues no hay voluntad para enfrentar las causas de fondo.

Hay pasos urgentes. El primero la amnistía demandada para todos los perseguidos del Paro de Octubre 19. Apenas un homenaje a la sangre derramada por el compañero Víctor Guaillas. Sigue la liberación o medidas sustitutivas ante las detenciones preventivas o la prolongación indefinida de causas que no estén vinculadas al narcotráfico o al sicariato. La reforma del COIP para derogar la criminalización de la lucha social. La reforma del sistema carcelario, para devolverle su carácter de centros de rehabilitación. La depuración de las fuerzas policiales y armadas ante la contaminación por las mafias. La depuración y reforma de la justicia, jueces y fiscales, para que garanticen el respeto a los derechos humanos y ejerzan sus funciones con honestidad y capacidad.

La rendición de cuentas ante la Asamblea. La remoción de la Ministra de Gobierno y del Ministro de Defensa por incapacidad en el cumplimiento de funciones. La atención de las necesidades básicas, educación salud y tiempo libre, y las condiciones de vida de los barrios marginales. Todo ello para evitar que sean captados y reclutados por las mafias y las maras. El viraje desde el programa neoliberal orientado a los privilegios de la banca y el rentismo, hacia un programa de reactivación productiva. Todos son pasos urgentes, para enfrentar las raíces de la violencia en las cárceles.

Son exigencias necesarias al Gobierno y a las diversas funciones del Estado. Aunque sabemos que no responderán, pues el poder está enfrascado en sus propios intereses. Por ello, nuestro llamado es sobre todo a los movimientos sociales, a las trabajadoras y trabajadores, a las y los campesinos, intelectuales y profesionales, jóvenes, mujeres y hombres. Llamado a juntarnos en una gran Minga por la vida, a construir desde abajo espacios alternativos de vida y paz. A abrir la otra vía de salida a los problemas. Es una cuestión de vida o muerte.

Quito, 15 de noviembre de 2021

LA COMUNA

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