El juicio político a Lasso en manos de la Asamblea y de la Corte Constitucional de Ecuador se ha convertido en un caso de comisaría, un informe policial de escuchas sobre algún negocio perdido en el mar. Todo se diluyó y quedó el ratón asustado, sometido al cálculo de los votos y de los puestos ofrecidos. Desaparecieron los hechos.

Napoleón Saltos Galarza

Quito, 11 de abril de 2023

La leyenda

Cuenta la leyenda que en un pueblo olvidado los noticieros estelares anunciaron la fecha y la hora exacta en que en el monte principal se iba a producir un acontecimiento que cambiaría la trayectoria de los astros. Todos se prepararon para ser testigos del hecho irrepetible. Las cámaras estaban atentas, la multitud apuntaba con sus celulares a la cumbre del monte. El cielo nublado anunciaba una tormenta. Los astros estaban alineados. Se escuchó un ruido ensordecedor que venía desde las entrañas del coloso. Se abrió un cráter inmenso. Varios segundos de suspenso. Arriba, a la distancia se veía un pequeño punto gris. Los teleobjetivos ajustaron la mira para ver el misterio. Un ratón asustado se deslizó hacia abajo, para buscar algún refugio donde esconderse. Terminó el espectáculo. Y sin embargo el monstruo seguía dentro del monte. 

El juicio

En manos de la Asamblea y de la Corte Constitucional el juicio político a Lasso se ha convertido en un caso de comisaría, un informe policial de escuchas sobre algún negocio perdido en el mar. 

Todo se diluyó y quedó el ratón asustado, sometido al cálculo de los votos y de los puestos ofrecidos. Desaparecieron los hechos.

Desaparecieron los cadáveres de los asesinados y las estadísticas de la violencia criminal. 25,32 muertes violentas cada 100 mil habitantes en 2022, y 1370 muertes violentas en el primer trimestre del 2023. Se borró el fracaso económico en medio de las cifras macroeconómicas aprobadas por el FMI. Ya no es noticia la falta de medicamentos en los hospitales. Desaparecieron las denuncias sobre los negocios petroleros, las redes de la corrupción en la electricidad. Luque huyó del país y el Presidente, como ya lo hizo un predecesor, dijo que casi ni lo conoce. El cadáver de Rubén Chérrez, amigo de Danilo Carrera, desapareció, y con ello el testimonio sobre el vínculo del Presidente y de los poderes actuales con las mafias albanesas.

Y en el otro lado, ha desaparecido también el asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de la CONAIE, realizado en medio del conflicto de Petroecuador con la comunidades indígenas por la expansión de la explotación petrolera.

Todos pusieron su parte. El show de los portales y contraportales de los proclamados periodistas y asambleístas de investigación ha conducido la política a la sucesión de partes policiales, vaciados de su contenido económico y político. El punto de partida del Estado policíaco de seguridad es que la verdad queda en manos de las versiones policiales, de las filtraciones de audios y contra audios.

Los bloques de UNES y el PSC, auto designados para presentar el informe de inicio del juicio, se encargaron de una reducción a un tema jurídico de concusión y peculado, sobre la letra de la Constitución. Y se dieron modos para diversos errores garrafales, a fin de ganar o perder tiempo y legitimidad, suplantación de artículos, contradicciones de lógica, mezcla de hechos. Y, sobre todo, declaraciones mediáticas de sabiduría infinita. 

Alguno se acordó que el juicio político a un Presidente es eso, un juicio político sobre las políticas del Ejecutivo, las responsabilidades sobre el derrotero a un narco estado, a un Estado policíaco, a un Estado fallido. Desde adentro del monte se escuchaban ruidos estruendosos que anunciaban el gran acontecimiento. Pero no encontraron la ruta.

El Informe de la Corte termina aceptando el juicio, en torno al peculado en el caso FLOPEC. Al menos eso. La Constitución maniatada; aunque el problema parte de la propia Constitución que colocó sucesivos candados para impedir un juicio político real. La estabilidad denominada democrática por encima de las capacidades de control y contrapesos para cuidar la democracia. La estabilidad democrática convertida en bolsa de negociación de intereses personales y de grupo. Parece que les quedó grande la toga no sólo a tres jueces, sino a la Corte. La contradicción más importante es el reconocimiento de la naturaleza diferente de un juicio político como responsabilidad de la Asamblea, y el dictamen concreto para reducir otra vez el tema a un asunto jurídico, dependiente de las pruebas policiales. 

El Presidente ha movido todos los resortes del poder. En primera fila los opinadores para suplantar el juicio político con el relato de la defensa de la estabilidad democrática, el asesinato de la honra presidencial. El manido recurso de invocar el fantasma del retorno del correismo, otra vez la escena binaria que fue derrotada en las elecciones del 5F, gobierno-correismo, para que desaparezca cualquier opción diferente. 

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La sustitución de espectáculos en un juego de diseminación de la corrupción. A tiempo apareció la Fiscal con el juicio en el caso INA papers, en el que está involucrado Lenin Moreno. Pasada su aparición funcional, regresará al ritmo de la impunidad. Por un momento retornan los mensajes sobre los negocios de Nebot, no como un paso para investigar y castigar, sino como un recurso de chantaje.

El método es tomar una parte de la verdad para ocultar la propia responsabilidad. Los defesores del Gobierno argumentan que el caso Chérrez no empezó ahora, sino en tiempos de Correa, lo que es verdad y merece su propio cauce de enjuiciamiento; pero con ello, intentan disolver la responsabilidad de Lasso en el punto de partida de la red de corrupción que se inicia en Luque y termina en Chérrez.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización jugó un papel central para mostrar los anteriores tentáculos del crimen organizado y las mafias en el régimen de Correa, pero con una visión parcializada busca silenciar las responsabilidades de Lasso. En esta estrategia ha contado con un aliado hábil, el Asambleísta Vanegas, que habla desde dentro de Pachakutik sin que nadie le pida cuentas. Con ello, se neutraliza a los acusadores. Entre bomberos no se pisan las mangueras. Todos son corruptos, perdonaos los unos a los otros. 

Cada hecho encuentra su propia réplica. La muerte de Chérrez fue tapada con la discusión sobre el decreto de porte de armas. Una variante de la oferta de la extradición de los capos, que fue derrotada en la Consulta. Un guiño a una vieja aspiración de los socialcristianos. 

Y, sobre todo, la inveterada estrategia de la compra de votos. Todas las bancadas entran en sospecha y en subasta. La incapacidad del PK para mantener una línea autónoma le hace más vulnerable, ya sea desde el influjo del gobierno o desde el influjo del correismo. 

El poder

Más allá del resultado de la votación final, el juicio se ha convertido en el espacio para renegociar el orden del poder y el reparto. 

La larga mano invisible del narcotráfico y el crimen organizado es el demiurgo principal. Lo que muestra el juicio atrás de los silencios es que el narcotráfico y el crimen organizado no pueden operar sino con vínculos orgánicos con los grupos, nacionales y transnacionales, de poder económico y político. Hay vínculos de larga data y vínculos actuales. Los arreglos de cuentas entre las mafias albanesas y mexicanas trazan las rutas de la violencia.

La memoria es corta. El caso “El Gran Padrino” empieza con las denuncias del expresidente de la Comisión Anticorrupción nombrada por Lasso, Luis Verdesoto, con las denuncias sobre la red presidida por Luque, el superministro nombrado por Lasso, en los negocios petroleros y de electricidad. En un real juicio político al Presidente, un testigo clave debiera ser Luis Verdesoto, podría contribuir a encontrar el hilo de la hebra. 

El lado obscuro del juicio muestra que el cogobierno tripartito CREO-PSC-UNES ordena el poder político. Es la versión actual del pacto burgués-oligárquico señalada por Agustín Cueva como forma recurrente para ordenar el poder. Ninguna de las tres fuerzas puede gobernar el país por sí sola, no tiene poder de hegemonía. Por ello, sobre todo después de 2013-2014, en que concluye el período de abundancia, como piso material para el funcionamiento bonapartista del Gobierno de Correa, actúa un cogobierno que pasa por momentos de acuerdo y de pugnas.

Las negociaciones de reordenamiento del poder siguen su curso. Ya buscaron el acuerdo al inicio del gobierno, para la distribución de las representaciones en la Asamblea y en los organismos de control; pero Lasso se echó atrás, para tratar de imponer un gobierno propio. La Consulta fue un intento del régimen de retomar la iniciativa. Después de la derrota, la presión por la salida del Presidente busca el cumplimiento de los objetivos señalados en el intento inicial. Lo que ha cambiado es que el Gobierno se ha debilitado y debe someterse a la repartición económica y política.

La economía es la verdad de la política. Están en juego varios procesos. En mayo se inicia la renegociación de las telecomunicaciones. En mayo, la Comisión Especial nombrada por el Gobierno para la reforma del IESS, debe presentar su informe, orientado a la privatización y el traslado del peso de la crisis a los aportantes y jubilados. Las negociaciones sobre Synohidro y el sector eléctrico continúan. En silencio avanza la privatización del Banco del Pacífico.

La pacificación de las contradicciones entre los grupos financieros de Guayaquil y de Quito puede encontrar una oportunidad en la entrega anunciada de incentivos a la banca por 230 millones, de los cuales el 70% se llevarían cinco bancos, encabezados por el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil.

El acuerdo político empieza por el reparto de las dignidades en la Asamblea, en mayo. Los votos son necesarios en el mismo momento para el juicio político y para la nominación de los cargos parlamentarios. La redistribución de los organismos de control está en camino. UNES no necesita nombrar Comisiones de la Verdad, como proponía hace dos años para el objetivo clave de la solución de los problemas jurídicos de sus principales líderes. Ahora puede asegurarse el control del CPCCS, en alianza con el PSC, y dirigir la nominación de los organismos de control que están en camino, Contraloría, CNE, Consejo de la Judicatura, y actuar por mano dirigida.    

Perspectivas

El Presidente Lasso debe irse no sólo por las responsabilidades en el desfalco del caso FLOPEC, sino por las responsabilidades políticas en el fracaso económico y político, el cauce a un Estado fallido. La exigencia mínima a los Asambleístas es el voto por la destitución de Lasso. Pero más allá de la salida o no de Lasso, habría que buscar la salida en un Acuerdo de Salvación Nacional en torno a un programa de reactivación productiva y de pacificación social.

La ciudadanía ya ha dado su veredicto. El rechazo al Presidente estaría en el 87% y el rechazo a la Asamblea, en el 91%. Quizás un primer paso sería el impulso de un Juicio popular, para realizar un juicio de las políticas del régimen y proponer salidas alternativas.