Han pasado varios días desde la votación en el Referéndum y Consulta Popular celebrado el 4 de febrero en Ecuador. Los resultados oficiales [https://resultados2018.cne.gob.ec/] indican una clara victoria del Sí en todas las preguntas. Pero, además del análisis de los resultados es importante observar las consecuencias políticas que acarrean este tipo de procesos. ¿Para qué sirven estos mecanismos de democracia directa? ¿Quién se beneficia? ¿cómo cambia el panorama político? Son algunas de las preguntas relevantes.

Fotografía: Gabriela Mena/ Pressouth

Desde el retorno a la democracia en Ecuador la consulta popular de iniciativa presidencial ha sido un mecanismo frecuente para refrendar la legitimidad del presidente, pasar legislación que de otro modo no hubiera sido posible por la vía del congreso, y lo más importante, cambiar las reglas del juego político para beneficio del consultante.

Desde 1979 ecuatorianos y ecuatorianas han acudido al menos 11 veces a las urnas para participar en procesos de democracia directa como consultas populares y referéndums. En todos estos casos la iniciativa ha sido del ejecutivo, ninguna de la ciudadanía. La mayoría de las ocasiones la propuesta de los presidentes obtuvo el favor popular, exceptuando la consulta sobre candidaturas independientes realizada por León Febres Cordero en 1986 (que luego se aprobó en una consulta propuesta por Sixto Durán Ballén en 1994), y la consulta sobre privatización de la seguridad social y descentralización propuesta por Sixto Durán Ballén en 1995. Lo característico de casi todas ellas es la gran cantidad de preguntas (usualmente más de 7), mucha ambigüedad en el contenido, y tecnicismos sobre los procedimientos y consecuencias.

Muchas veces los mandatarios han usado los referéndums y consultas para legitimar su cargo ante alguna crisis política o baja en la popularidad. Es el caso, por ejemplo, de Fabián Alarcón que directamente tuvo que preguntar si la ciudadanía refrendaba su cargo como presidente de la república después de ser nombrado por el congreso tras la caída de Bucaram. Su legitimidad estaba cuestionada puesto que el cargo de presidente le correspondía constitucionalmente a la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Mismo caso ocurrió con Sixto Durán Ballén cuando propuso una consulta cuando su vicepresidente Alberto Dahik se había fugado del país luego del escándalo por gastos reservados. Como se puede ver, estos mecanismos intentan desviar la atención en casos de crisis políticas o económicas incluyendo en la agenda pública un tema político vestido de importancia.

Otra de las intenciones detrás de las consultas populares es validar una correlación de fuerzas, consolidar alianzas políticas y, por supuesto, deslegitimar al adversario político. Son los casos utilizados principalmente por Correa y en esta última oportunidad por Moreno. En la consulta popular del último 4 de febrero se trataba de medir la fuerza del correísmo en decadencia contra el morenismo en vías de consolidarse. El ala de Moreno derrotó en las urnas a Correa y a las pocas alianzas políticas que le quedan. Un caso similar fue cuando Rafael Correa incluyó en el mismo día de la elección presidencial la consulta sobre paraísos fiscales, en forma de ataque contra el principal contendiente de Moreno, Guillermo Lasso. En aquella ocasión el intento de deslegitimar al adversario y usar electoralmente la consulta popular estaba muy claro.

Fotografía: Gabriela Mena/ Pressouth

Lo peligroso de usar la democracia directa como estrategia política está en la polarización que genera en la ciudadanía. No sólo que el debate público no se centra en el contenido, sino que directamente se distrae la atención de los asuntos cruciales que se consultan. Las consecuencias son el enfrentamiento abierto entre facciones de la ciudadanía que apoyan o rechazan los referéndums al vincularlos con las personas que los impulsan y la aprobación de modificaciones que afectan seriamente la calidad del sistema democrático del país.

Finalmente, los efectos más profundos de los mecanismos de democracia directa son usualmente cambiar las reglas de juego político a favor de quien gobierna. Dejando de lado las consultas populares para convocar a asamblea constituyente, y aquellas que las refrendan, en varias ocasiones se ha consultado sobre reformas al sistema político. Por ejemplo, en el 2011, Rafael Correa consultó si era necesaria una reforma al sistema de justicia y una ley de comunicación. La aprobación de esta consulta significó una influencia casi sin precedentes en la justicia y el control de los medios de comunicación que minó la libertad de expresión. Otro caso de un intento de cambiar el sistema político fue cuando Sixto Durán Ballén consultó si podía disolver el congreso por una sola vez y las urnas le dijeron que no. La última consulta llevada a cabo por Moreno sigue esta línea al querer modificar a su gusto las instancias de control, aunque en este caso haya usado el rechazo al correísmo como palanca para lograrlo.

La consulta popular y referéndum del 4 de febrero pasado se enmarca en una “tradición” de los mandatarios de intentar consolidar su legitimidad, a la vez que logran hacer cambios estructurales en el sistema político que les favorecen. En medio de una disputa muy mediatizada con Rafael Correa, y usando como combustible la polarización en buena parte de la ciudadanía, Moreno logró consolidar alianzas con diversos sectores políticos, desvió la atención de problemas urgentes para los ciudadanos, obtuvo una vía libre para modificar a su gusto las instancias de control, a la vez que resultaba fortalecido de cara a la opinión pública. Resumiendo, una buena jugada política. Pero como todas las buenas jugadas, tendrá que cuidar el siguiente paso si quiere mantenerse.